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Nacionales

Así promueven la corrupción los cambios a la Ley de Contrataciones


Algunos avances de esta Ley, que se lograron tras las manifestaciones sociales de 2015, quedarán sin efecto si el presidente Alejandro Giammattei sanciona los nuevos cambios.

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El Decreto 4-2021, con el que el Congreso reformó el 28 de abril la Ley de Contrataciones del Estado (LCE), es propicio para incurrir en actos de corrupción por medio de las adquisiciones públicas, de acuerdo con un análisis de elPeriódico. Los proveedores podrán hacer negocios más onerosos con el Estado sin el aval del Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE), lo que también les permite evadir prohibiciones de la LCE.

Uno de los cuestionamientos hacia las reformas aprobadas en el Legislativo con el impulso de la bancada oficialista Vamos, junto con los bloques aliados, es el aumento en los montos para que las instituciones públicas hagan compras de baja cuantía y adquisiciones directas. El techo de la primera modalidad se amplió de Q25 mil a Q100 mil, mientras que el de la segunda antes permitía compras por un máximo de Q90 mil y de llegar a confirmarse la reforma, el tope será de Q200 mil.

Con la actual LCE algunos proveedores ya eludían las prohibiciones al momento que se les adjudicaban varias compras de baja cuantía. Con las reformas podrán igualmente aumentar sus ventas, sin ninguna prohibición, siempre que no sobrepasen el límite. Esta irregularidad tiene un ejemplo con las ventas de José Alfonso Bosarreyes

Mockson, quien dio aportaciones no dinerarias al partido Vamos que llevó a la presidencia a Alejandro Giammattei.

La Ley de Contrataciones prohíbe ser proveedor estatal a quienes hayan aportado más de Q30 mil anuales a partidos políticos o campañas. Sin embargo, los proveedores a quienes se les adjudiquen compras de baja cuantía no están obligados a inscribirse en el RGAE.  Así, Bosarreyes ha vendido al Estado Q2.3 millones, aunque figura como financista de un partido político.

Más riesgos

El presidente del Congreso, Allan Rodríguez, indicó que con la reforma se buscó el desarrollo y facilitar los procesos de compras municipales. Lo cierto es que todas las instituciones estatales podrán hacer compras hasta por Q200 mil sin control, pues no se podrá aplicar el delito de pacto colusorio porque en estos procesos no hay concurso, los proveedores no se podrán inhabilitar o sancionar porque no tendrán obligación de inscribirse en el RGAE.

Los familiares de funcionarios, así como los condenados en sentencia firme tampoco tendrán prohibición para venderle al Estado por medio de compras directas o de baja cuantía. El economista Ricardo Barrientos señaló que las reformas que aprobó la alianza oficialista suponen un daño grave, porque facilitan la corrupción al eliminar los filtros establecidos en 2015 cuando se aprobaron varias reformas tras un análisis técnico, contrario a como se discutió la última iniciativa de ley.

Omisión de contrato

La omisión de contrato escrito quedó establecida con el cambio al Artículo 50 de la LCE que aprobó el Congreso. También es perjudicial porque en el Derecho Administrativo los contratos sirven de respaldo para detectar delitos. La reforma de este apartado señala que el contrato podrá emitirse cuando se contraten mercancías, obras, bienes o servicios adquiridos en el mercado local siempre que no excedan los Q200 mil. La negociación y el expediente del proceso deberán constar en acta únicamente.

Con esta nueva modalidad podrán contratarse obras, así como servicios contra factura como los renglones 029, sin que las obligaciones de los proveedores queden establecidas por escrito, lo cual eliminará los controles.

Reforma y campaña
La semana pasada, el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, Miguel Ovalle, inició una “gira nacional” para hablar con alcaldes, concejales y síndicos sobre las reformas a la Ley de Contrataciones, y ofrecer otros cambios al Código Municipal y asignación de fondos para proyectos. El diputado Allan Rodríguez acompañó a Ovalle en su gira por Jutiapa, donde anunció que ambos se postularán en 2023 como candidatos a diputados con el partido Vamos. Se buscó una explicación de parte de Ovalle, pero no respondió las llamadas a su celular.

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