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Nacionales

El TSE mantiene vigentes acuerdos que reservan información pública


La Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que las actuaciones y expedientes del TSE deben ser públicos.

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Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) siguen sin pronunciarse sobre el Acuerdo 72-2021 y la Resolución 10-2021, ambos aprobados el 3 de marzo, con los que declaran en reserva y confidencial información que es pública de oficio como las investigaciones del Tribunal, los informes de auditorías a partidos políticos y las propias reuniones plenarias. Hoy se tiene contemplada una sesión de los magistrados, pero debido a la opacidad en el órgano electoral, se desconocen los temas a tratar.

Los magistrados anunciaron que analizarían los documentos con los que se declaró la reserva; sin embargo, hasta ayer no existía ninguna resolución al respecto. elPeriódico intentó comunicarse con el aún presidente del TSE, Mynor Franco, pero no atendió las llamadas. El Departamento de Comunicación Social de la institución únicamente informó que hasta el momento no hay ningún cambio en cuanto a la confidencialidad y reserva decretadas.

Con el Acuerdo 72-2021, los togados del Tribunal clasificaron 104 documentos como información “pública con condición” confidencial y reservada. Entre la información clasificada hay alguna que sí tiene justificación, como el acceso a las bases de datos del Padrón Electoral, las claves de acceso a programas informáticos, o las medidas de seguridad de las papeletas que se utilizan en un proceso electoral. Pero hay otras declaradas confidenciales, aunque sean públicas de oficio.

Por ejemplo, las actas y sesiones del pleno ahora están restringidas al público, aunque el Artículo 130 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) señala que “las actuaciones del TSE y los expedientes que se tramiten en sus dependencias son públicos”.

Sin justificación

Otros de los documentos declarados en reserva por el Tribunal son los informes de auditorías, análisis e investigaciones a organizaciones políticas. Para fundamentarlo, los magistrados se basaron en el Artículo 24 de la Constitución Política; sin embargo, este se refiere a la inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros.

Otro Artículo usado para justificar la negación de estos documentos es el 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), el cual señala que la información podrá ser reservada cuando “pueda causar un serio perjuicio a las actividades de investigación. Sin embargo, el TSE no justificó cómo se puede provocar ese daño al dar acceso a los informes. 

Investigaciones

 La Resolución 10-2021, publicada el 26 de abril en el Diario de Centro América, declara bajo reserva todas las investigaciones del Inspector General del TSE a partir de 2020. Esta disposición tampoco cuenta con justificación para declararla reservada. ElPeriódico consultó al Tribunal sobre las posibles investigaciones al diputado Allan Rodríguez y al alcalde de Mixco, Neto Bran, por promocionar su imagen en redes sociales, pero negaron la información.

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