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Nacionales

Congreso da vía libre para realizar compras sin control y sin transparencia del gasto público


Los legisladores reformaron la Ley de Contrataciones y elevaron el monto de compras directas, cotización y  licitación y redujeron las responsabilidades de los alcaldes y funcionarios.

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Los alcaldes y funcionarios pueden gastar más y de paso evadir controles de transparencia en el gasto público. Con un palco lleno de alcaldes y la junta directiva de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) los congresistas aliados al oficialismo aprobaron las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, permitiendo montos más altos para las compras, pero sin modificar los mecanismos que permitan el control de las mismas. 

Con 82 votos a favor y 24 en contra el Decreto 57-92 cambió el Artículo 9 que refiere a las autoridades competentes. La ley indicaba quienes tenían la potestad de aprobar las contrataciones por arriba o debajo de los Q900 mil, señalando a los presidentes de las instituciones públicas como autoridad superior. 

La reforma permite que se designen a autoridades competentes y administrativas y se eleva el techo a compras de Q2 millones. 

Otro de los cambios fue el Artículo 38, sobre el monto para la compra o contratación de bienes y servicios por parte de las municipalidades, el Estado y otras entidades que utilicen el sistema por cotización. El techo pasó de Q900 mil a Q2 millones. 

Lo mismo sucedió con el Artículo 43 en el que se permitió aumentar la modalidad de adquisición en baja cuantía de Q25 mil a Q100 mil. Mientras que para las compras directas permitirán montos mayores de Q100 mil y que no excedan los Q200 mil. Antes mantenían un rango entre los Q10 mil a Q90 mil. 

Una caja chica sin control

Acción Ciudadana (AC) señaló que las nuevas reformas permiten legalizar la corrupción y destinar los fondos públicos a un uso discrecional, alejándose de los principios de transparencia, calidad del gasto y probidad. “Convierten el presupuesto en una gran caja chica sin controles ni garantías de calidad del gasto”, señala AC. 

También indica que se disminuyen las competencias y responsabilidades de las autoridades máximas de las entidades compradoras. Además de eliminar prohibiciones de controles y límites para contratistas. Para la organización esto permitirá acrecentar las vulnerabilidades de la población y seguir obligando a los guatemaltecos a migrar. 

Para Ricardo Barrientos, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), esto posibilitará evadir controles y abrir ventanas para intereses propios y el pago de sobornos. Además tiene una connotación de agilizar los procesos, porque son menos personas las que deben aprobar el contrato

“Pareciera que las instituciones buscan un Estado de Emergencia permanente  y hacen una invitación al fraccionamiento que es una de las mayores anomalías  en las unidades ejecutoras”, agregó Barrientos.

“Una puerta a la corrupción”

María Isabel Bonilla, investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, mencionó que la reforma es un parche que se realiza desde 10 reformas atrás que ha tenido la Ley, debido a que solo incrementan los montos y se resguarda aparentemente en acelerar los procesos porque los suministros y servicios son más costosos; sin embargo, se continúa con los problemas de fondo en convertir un sistema competitivo. 

Bonilla indicó que se dejaron a un lado los procesos de transparencia, de capacitación y de funcionamiento  estatal, al contrario se abre una ventana a la corrupción. 

Por último se modificó el Artículo 50 sobre la omisión de contrato escrito y señala que cuando se trate de mercancías, obras o servicios adquiridos en el mercado local o de entrega inmediata, podrá omitirse la celebración del contrato escrito, siempre que el total de la negociación no exceda de Q100 mil. 

La investigadora enfatizó que el último artículo permite una pérdida total de garantías para el Estado y los contratistas porque no hay una manera en la que la Contraloría General de Cuentas emita sanciones objetivas. 

Intento para aceptar a financistas

Dos mociones privilegiadas fueron presentadas para modificar el Artículo 80, inciso i, que prohíbe que representantes legales, directivos o gerentes quienes hayan sido condenados por delitos contra la administración pública sean contratistas del Estado. No obstante, no obtuvieron los votos para aprobarse. Una permitía contratar a financistas de partidos políticos que hayan aportado cifras menores a los Q360 mil anuales y a quienes prestaron un servicio técnico o profesional. 

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