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Nacionales

El TSE bloquea el acceso a la información pública


Los magistrados aprobaron un acuerdo interno con el que declararon confidencial información sobre sus sesiones, actas, auditorías a partidos, entre otros documentos.

El pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) clasificó 104 documentos como información “pública con condición”, confidencial y reservada, según el Acuerdo 72-2021 que ha estado oculto pese a que tiene fecha 3 de marzo de 2021. Entre la información que fue categorizada como confidencial se encuentran datos que según la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) deben ser proporcionados de oficio a la población, como los informes de auditorías y las sesiones de los togados del Tribunal.

Después de que el jefe de Unidad de Acceso a la Información Pública del TSE, Byron Amílcar Estrada García, negó a ‘elPeriódico’ los informes finales de auditorías a partidos políticos y notificó que las actas de las sesiones del pleno de magistrados “no existen”, este medio consultó al magistrado Gabriel Aguilera sobre esas decisiones. El funcionario indicó que el actual Tribunal solo amplió una reserva que se aprobó en 2009  por medio de un acuerdo.

La clasificación de confidencialidad se aprobó en el Acuerdo 72-2021 el cual no se publicó en el ‘Diario de Centro América’. El documento solo estuvo disponible algunas horas, el 27 de abril, en la página electrónica del TSE. Según el Departamento de Comunicación del órgano electoral, el Acuerdo fue retirado porque fue modificado.  

Las restricciones

Entre las informaciones que fueron declaradas como confidenciales se encuentran las sesiones y las actas del pleno de magistrados, bajo el argumento de que el Artículo 130 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) establece que las sesiones de los togados son privadas. Sin embargo, ese mismo apartado señala que las actuaciones del TSE y los expedientes que se tramiten en su dependencia son públicos.

También se catalogaron como reservados los informes de auditorías e investigaciones practicadas a las organizaciones políticas, así como los informes sobre publicaciones o propaganda electoral que hayan violado la LEPP al promocionar la imagen de políticos o posibles candidatos a cargos de elección popular.

La base legal para la anterior reserva es que la información pueda causar un serio perjuicio o daño a las actividades de investigación. Sin embargo, en los informes finales de auditorías y los de violación a la Ley Electoral ya se han finalizado las investigaciones.  

Otros documentos que deben ser públicos y que fueron declarados como confidenciales son los reportes de órganos permanentes y de comités ejecutivos de partidos políticos con los que se puede establecer si las organizaciones incumplen la Ley Electoral, así como los expedientes de trabajadores y expedientes judiciales de orden laboral.

Irregularidades

El presidente del Tribunal, Mynor Franco, no atendió las llamadas para cuestionarlo por la aprobación del Acuerdo. El Departamento de Comunicación del TSE informó que en el diario oficial únicamente se publicó esta semana la Resolución 10-2021 en la que se clasificaron como reservadas todas las investigaciones del Inspector Electoral que se iniciaron a partir del 2020.

Silvio Gramajo, especialista en acceso a la información pública, señaló que el Tribunal incurrió en una irregularidad al no publicar el índice de información que se encuentra bajo reserva “Hay serias dudas de ilegalidad porque están incluyendo materia de información de oficio bajo la sombra de la investigación judicial”, indicó.

Edie Cux, abogado de Acción Ciudadana (AC), señaló que el TSE comete abusos que podrían encuadrar en el delito de retención de información, y que el acuerdo aprobado por el Tribunal podría ser inconstitucional.

Recuadro-

Niegan auditorías

Este medio solicitó el 22 de enero, con base en la Ley de Acceso a la Información Pública, copias de los informes finales de auditorías de partidos políticos. Dina María Ponce, jefa de la Unidad de Fiscalización, negó la información al argumentar que el TSE no contaba con copias de auditorías. Tras un recurso de revisión, el Tribunal ratificó la negativa de la información al argumentar que las auditorías se encuentran sujetas a procesos administrativos y judiciales. 

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