El proceso penal iniciado por la adjudicación anómala de un contrato a Easy Marketing por más de Q868 millones, la cual sería la encargada de emitir el Documento Personal de Identificación (DPI) en 2008, fue reactivado por una Sala de Apelaciones.

El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, dijo que la Sala Primera de Apelaciones declaró con lugar la apelación que interpuso el MP en contra de la exclusión de la Procuraduría General de la Nación (PNG) en el proceso por parte del Juzgado Undécimo Penal. El fallo ordena su reincorporación.  

El fiscal explicó que la PGN es querellante en la investigación y al continuar en el proceso se podría requerir un eventual resarcimiento por el daño causado al Estado. 

El fallo ordena al juez que reanude la audiencia de apertura a juicio contra los siete implicados, entre ellos, el excandidato presidencial del partido Fuerza Mauricio Radford, así como  Francisco José Jiménez Irungaray, Ángel Gelir Rodríguez Tello y Calvin Augusto Illescas González.

Según la FECI, los miembros del Directorio del Registro Nacional de las Personas (Renap) y de la Junta de Licitación favorecieron a Easy Marketing, pese a que no acreditó los estados y balances financieros de los últimos tres años, ya que solo tenía un año de haberse fundado. 

Además, el Ministerio Público (MP) sostiene que la entidad beneficiada carecía de la experiencia y el respaldo necesario para el tipo de contrato otorgado, ya que fue constituida con un capital de Q5 mil.

En esta investigación, el MP atribuye a los implicados los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. El caso estuvo detenido debido a los recursos legales que se habían planteado, que impedían continuar con las pesquisas. 

Estos supuestos actos de corrupción fueron develados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que participó en la investigación.

Candidatura rechazada 

Mauricio Radford, implicado en el caso Renap, se postuló en 2019 como candidato presidencial por el partido Fuerza, sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral rechazó su candidatura debido a que estaba ligado a proceso por el contrato anómalo de Q868 millones.