Organizaciones que participan en la Convergencia por los Derechos Humanos señalan que la magistrada Gloria Porras enfrenta “un riesgo tangible” ante la decisión arbitraria del Congreso al no juramentarla para que integre la octava magistratura de la Corte de Constitucionalidad, periodo 2021-2026. 

Señalan que Porras ha sido criminalizada por los “principales poderes del Estado” por las decisiones que ha realizado en la máxima corte. Además de recibir múltiples críticas por su compromiso a defender los derechos de los pueblos indígenas. 

“El Congreso coloca a Porras en una situación de indefensión, dado que existen diversas acciones legales en su contra y pueden escalar a una persecución política por sus decisiones”, agrega el comunicado. 

Convergencia responsabilizó al ministerio de Gobernación sobre la seguridad e integridad física de la magistrada y hace un llamado al Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas a garantizar los derechos fundamentales de Porras.