La Municipalidad de Villa Nueva dirigida por el alcalde Javier Gramajo no renovó este año el contrato como asesora de Angélica Sucely Galindo Motta, hija del congresista del partido Valor, José Luis Galindo de León. Pero la comuna le dio una mejor retribución: dos contratos que suman Q3 millones 173 mil 508 por mejoramiento de calles. Así las empresas vinculadas al diputado continúan facturando al Estado sin que sean auditadas por la Contraloría General de Cuentas (CGC).

De acuerdo con el portal Guatecompras, el Fideicomiso para la Planificación y Desarrollo del Municipio de Villa Nueva le adjudicó dos licitaciones identificadas con los NOG 13718207 y 13718258 a Inversiones Gaes, S. A., cuya propietaria es Sucely Galindo Motta. También han ganado contratos las empresas Corporación e Inversiones Galmot, Estación de Servicios La Ceiba, y las constructoras JM Galindo, y Arce’s.

Tras una investigación de elPeriódico que reveló cómo cinco constructoras propiedad de la familia de Galindo de León ganan contratos en municipalidades, el 12 de marzo se consultó a la CGC si esta realizaría alguna auditoría sobre esas contrataciones. La respuesta llegó tres semanas después: lo que dijo José Ramírez Crespín, subcontralor del gasto público, fue favorable a los intereses de la familia Galindo: “Nosotros no hacemos investigación, hacemos auditorías”.

Al cuestionarle que las empresas estaban relacionadas con el diputado Galindo, el subcontralor respondió “sí, pero no sé si usted fuera diputado y tiene 10 empresas, por eso van a ser malas?”. Ramírez Crespín no supo responder cuando se le preguntó por qué la CGC no ha revisado las adjudicaciones a este grupo de empresas y ofreció trasladar una respuesta por medio de la vocera Mónica Monge, comunicación que hasta el cierre de esta nota no se recibió.

“Entidad cooptada”

De acuerdo con Edie Cux, abogado de la organización Acción Ciudadana (AC), lo anterior demuestra cómo la Contraloría se encuentra “cooptada” pues esta sí tiene la capacidad de verificar si una empresa utiliza testaferros para beneficiarse con contrataciones públicas, lo cual es recurrente entre funcionarios. “Respuestas como la del contralor normalizan la corrupción”, señaló Cux.

La Ley de Probidad y Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados Públicos prohíbe a los empleados públicos recibir directa o indirectamente beneficios originados de contratos del Estado, las municipalidades y otras entidades públicas.

sin responder

Para esta nota también se buscó al jefe de la Fiscalía Contra la Corrupción, Stuardo Campo, y al equipo de Comunicación adel MP para consultarles si hay investigación por los contratos adjudicados a empresas ligadas al legislador José Luis Galindo, pero no se obtuvo respuesta. Además, ni el diputado ni su hija, Sucely Galindo, respondieron las llamadas hechas para entrevistarlos. La familia Galindo es la misma que guardó alimentos del Ministerio de Agricultura en una bodega de su propiedad y los entregó hace dos semanas para promover la imagen política de Sucely.