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Nacionales

Capos extraditados conservan patrimonio


De diez extraditados a EE. UU. solo a Jairo Orellana se le han inmovilizado 11 fincas.

Horst Walther Overdick Mejía regresó a Guatemala en 2019, luego de cumplir una condena en Estados Unidos por tráfico de drogas. Señalado como el principal socio de Los Zetas en Alta Verapaz, alias el Tigre es uno de los capos que conserva su patrimonio pese a las acusaciones en el extranjero.

Despojar a los criminales del patrimonio que acumularon con dinero ilícito sería más fácil que quitarle un pelo a un gato, se decía en 2010 luego de la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio que incluye la posibilidad de iniciar acciones hacia los bienes de los condenados en el extranjero por narcotráfico, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada.

En la práctica, no resultó así de fácil. Entre los casos exitosos se cuenta la extinción de ocho fincas en Ocós, San Marcos, vinculadas con Juan Ortiz, alias Chamalé, registradas por testaferros y cuyo hallazgo fue reportado inicialmente por la prensa. 

En 2019, el Ministerio Público (MP) trasladó a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) 24 inmuebles en Morales, Izabal, vinculados con Mario Ponce, pieza importante para el cartel de Sinaloa, liderado por Joaquín el Chapo Guzmán.

Al igual que Overdick, otros de los extraditados, como los integrantes de las familias Lorenzana y Mendoza, no tienen bienes inmovilizados pese a las expectativas de fuerza atribuidas a la Ley, que viabiliza la acción de extinción de dominio de los bienes identificados como producto directo o indirecto de una actividad ilícita realizada en territorio nacional o en el extranjero.

Aunque los bienes no estén registrados a nombre de los señalados, se abre la ventana para investigar cuando exista incremento patrimonial de personas relacionadas directa o indirectamente con una persona investigada o sometida a una acción de extinción de dominio, derivado de actividades ilícitas.

La condena penal dictada en el extranjero también faculta la investigación encaminada a la extinción de propiedades adquiridas de forma ilícita. Por medio de acceso a la información, la Fiscalía de Extinción indicó que hay un inmueble con medida cautelar vinculado con Waldemar Lorenzana Lima y 11 fincas vinculadas con Jairo Orellana, que tienen medida cautelar desde 2015. Aún no han sido trasladadas a la administración de la Senabed ni se ha presentado acción judicial.

Como efecto de la lucha contra la corrupción desde 2015, la Fiscalía de Extinción de Dominio recibió de la FECI decenas de expedientes relacionados con bienes vinculados con funcionarios y políticos señalados en casos de corrupción. Esos casos han mantenido ocupada a la Fiscalía.

Prioridades

En opinión del exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, la extinción de bienes a los capos debe analizarse desde la perspectiva del costo-beneficio. En términos de persecución penal, quitar por quitar los bienes puede generar más trabajo fiscal que puede concentrarse en otras áreas, apunta. Y como no existe una visión estratégica clara de combate al narcotráfico, la extinción no se tiene como prioridad, agrega.

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