La Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam) confirmó que en el territorio nacional existen alrededor de tres mil fusiles, 2.23 por ciento en manos de civiles. De acuerdo a las autoridades este tipo de armamento es de uso exclusivo para el Ejército y Policía Nacional Civil (PNC). 

Las dudas de los diputados quienes citaron a dichas autoridades ayer en el Congreso derivó de un ataque armado que se perpetró el pasado 28 de marzo en la aldea El Tempisque, Gualán, Zacapa. En el hecho murieron dos personas y en el lugar fueron localizadas este tipo de armas de fuego las cuales carecían de un registro. 

“Son armas de carácter ilegal… no puede tenerlas cualquier guatemalteco”, indicó José Tzuban, subdirector general de la PNC, quien confirmó que estas armas estaban alteradas. 

Otro de los temas que llamó la atención en la reunión fue el tipo de bala encontrado en el lugar. Según se indicó este es 5.56,   de AR-15, fusil M16 y Galil, calibre que usan exclusivamente las fuerzas de seguridad en el país. 

“La munición 5.56 es utilizada por ejércitos regulares, incluso el Ejército de Guatemala tiene su propia fábrica en Cobán, Alta Verapaz”, indicó el exministro de Gobernación, Carlos Menocal. El entrevistado refirió que existe una debilidad institucional para controlar quiénes deben de usar este armamento. 

El descontrol quedó evidenciado en la citación al momento que el jefe de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Carlos Barreda, preguntó al director de Digecam, Edgar Rosendo Lima Reina, ¿qué control se tiene sobre la importación de armas y si tiene información de fusiles extraviados? La respuesta de Lima fue que sí hay un registro de importación y de armas perdidas o robadas, pero no quiso dar datos exactos.

El Artículo 10 de la Ley de Armas y Municiones establece una prohibición a las personas individuales y jurídicas de tener armamento de uso exclusivo del Ejército de Guatemala. Aunque la Ley establece qué tipo de arma puede usar una persona civil, de acuerdo con Menocal, existe una debilidad en la normativa pues no es clara quién debe utilizar en este caso los fusiles 2.23. 

“En términos legales está permitido solo para la institución militar pero al existir vicios legales son aprovechados por particulares para comprar este tipo de armamento”, refirió. Agregó que esta industria de armas en Guatemala es manejada principalmente por militares, políticos y diputados. 

Registro opaco

Los legisladores solicitaron a Lima que explicara cuál es el proceso de registro de las armas que son importadas. 

     El director del Digecam indicó que ellos llevan un control al momento que son notificados por la empresa que traslada el armamento a Guatemala, pero a veces puede pasar hasta más de un mes  para que les informen lo que ingresó al país.

“Tenemos una denuncia de que en las aduanas están alterando los fusiles”, interrumpió Barreda. 

El congresista solicitó a Digecam los datos exactos de las personas que son compradoras de este tipo de armamento y qué empresas (armerías) son las que importan más. 

A decir del ex-Ministro de Gobernación no hay controles en el Digecam, incluso el tema de las municiones que son importadas, los registros evidenciaban que hace un par de años había 35 millones de balas 9 milímetros, para que cada pistola registrada pudiera ser disparada 35 mil veces diariamente. 

Se movilizan

Momentos después de concluida la citación en el Congreso en diferentes redes sociales circuló una convocatoria para una manifestación pacífica afuera de las instalaciones de Digecam en zona 5. La convocatoria refería que los diputados de la UNE presionan al Digecam a que revele los nombres, cantidad de armas y direcciones, esto  con el supuesto fin de prohibir calibres y desarmar a quienes cuentan con las respectivas licencias.