El informe de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, que cada año le presenta el Departamento de Estado al Congreso, evidencia algunos aciertos y otros muchos desafíos para Guatemala en el combate contra el tráfico de drogas y el lavado de dinero.

Para este año, el International Narcotics Control Strategy Report (INCSR, por sus siglas en inglés) para 2021 presenta hallazgos más reveladores en el volumen sobre lavado de dinero y otros activos.

Guatemala continúa siendo una ruta de tránsito clave para los narcóticos a Estados Unidos y el dinero en efectivo que regresa a Sudamérica y el gobierno enfrenta importantes desafíos para combatir la corrupción, lavado de dinero y los delitos financieros relacionados con el tráfico de drogas. 

Aunque el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial han mejorado la coordinación con las agencias de aplicación de la ley para llevar a cabo investigaciones financieras, lavado de dinero, extorsión, corrupción y trata, el informe señala que es necesario avanzar más, especialmente “a la luz de la influencia de los narcotraficantes sobre algunos funcionarios electos dentro de las instituciones guatemaltecas”. No hay nombres ni más señas.

En enero pasado, el alcalde de Ocós, San Marcos, fue detenido en Panamá con fines de extradición a EE. UU. por cargos de narcotráfico. En Guatemala, el MP solicitó despojar de inmunidad al alcalde de Ipala, Esduin Javier Javier, por vínculos con una estructura de narcotráfico. El hermano de la vicepresidenta del Congreso, Sofía Hernández, es señalado de colaborar con una estructura de traficantes de Huehuetenango, por mencionar algunos casos.

La lucha de Guatemala contra la corrupción ha dejado al descubierto organizaciones dedicadas a la planificación, intermediación, ejecución y ocultamiento de ganancias ilícitas. La penetración de esas redes es tal que “explotan la corrupción pública, las leyes y las instituciones de Guatemala y contribuyen con la opaca ejecución de los planes de gobierno”, de acuerdo con el reporte.

En el sector privado, el lavado de dinero ocurre comúnmente por medio de bienes raíces, construcción y transacciones ganaderas, cita el documento disponible.

Regulación a los notarios

También hace énfasis en la ausencia de regulaciones en algunas actividades no financieras que favorecen el blanqueo de capitales. “Expertos internacionales indican deficiencias en las leyes de Guatemala con respecto a las APNFD (Actividades y Profesiones No Financieras Designadas) señalando que numerosas profesiones y actividades con alto riesgo de ser utilizadas por los lavadores de dinero no estaban cubiertos por la ley, incluidos abogados, notarios, comerciantes de criptomonedas, microprestamistas y casinos. 

¿Por qué los notarios? porque son quienes escrituran los bienes inmuebles y muebles, indica el exmagistrado de la CSJ, Gabriel Gómez. Lo que se busca es instalar la práctica de conocer a su cliente, y si ven inusual la formación de patrimonio sin correspondencia con los ingresos de una persona, que lo reporten, añade.

En julio de 2020, la Intendencia de Verificación Especial propuso una nueva legislación para abordar estas deficiencias. elPeriódico trató de ampliar el tema con la Superintendencia de Bancos pero el departamento de Comunicación indicó que es necesario un procedimiento vía correo electrónico para tener algún criterio técnico de esa dependencia.

Si bien, el Congreso guatemalteco está considerando la legislación propuesta, pocos creen que pasará según lo propuesto, cita el INCSR. Gómez considera necesaria la aprobación de la ley.

El informe también nota que la falta de asistencia legal mutua con Estados Unidos crea trabas a la repatriación de activos vinculados con actividades delictivas y colaboración para hacer cumplir las órdenes de decomiso de activos. 

Acusaciones penales

El informe del Departamento de Estado presenta datos sobre las acusaciones en casos de lavado de dinero, cuyo descenso se atribuye como efecto de la pandemia del coronavirus.

En 2019, el Ministerio Público presentó acusaciones por el 53 por ciento de las denuncias de lavado  de dinero recibidas. En 2020 este porcentaje fue del 29 por ciento. 

En 2019, el MP obtuvo sentencias en el 32 por ciento de los casos de decomiso de activos que procesó, sin embargo, en 2020 esto se redujo a 17 por ciento.

El MP descubrió más de US$15 millones en efectivo escondidos en la residencia de un exministro buscado por blanqueo de capitales. Es el caso que judicializó la FECI en contra de Luis Benito, exministro de Comunicaciones.

Otro exministro de Economía fue acusado en Estados Unidos por presunto lavado de dinero. 

El almacenamiento de dinero en efectivo por parte de actores corruptos puede indicar que están disuadidos de utilizar instituciones financieras para lavar dinero.