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Nacionales

Municipios en alerta roja por COVID-19 crecen de forma acelerada


Del 1 al 31 de marzo la tasa de contagios de coronavirus por cada cien mil habitantes aumentó del 53 a 101, lo que significó un incremento del 91 por ciento a nivel nacional.

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Una gran cantidad de vehículos regresaban ayer de las diferentes playas del país debido a que no hubo restricciones por el COVID-19.

A pesar de que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) realiza una evaluación cada 15 días sobre la situación de contagios por COVID-19 por municipio, para  determinar una alerta y prevenir casos de coronavirus, las tasas de pacientes positivos por cada cien mil habitantes crecieron hasta 19 veces más de enero a marzo de 2021.

Este fue el caso de Retalhuleu, que inició el año con una tasa de 17 y avanzó hasta finales de marzo con 351.49. La ventaja del departamento fue que San Martín Zapotitlán se coronó como el primer municipio en obtener una alerta verde; sin embargo, para el 1 de abril la alerta cambió a rojo.

Esta misma tendencia se dio en los departamentos de la región suroccidente, el sistema de alertas del MSPAS demuestra que Suchitepéquez, Retalhuleu, Sololá, Quetzaltenango, Totonicapán y San Marcos en tres meses redujeron de 66 municipios con alerta amarilla a 43, y se ampliaron de 60 a 86 las alertas naranjas y rojas. 

Otros como Suchitepéquez aumentaron su tasa siete veces más, Escuintla cinco, Chiquimula cuatro, Totonicapán la triplicó y Huehuetenango, Jutiapa, Jalapa y Zacapa las duplicaron. 

Para Adrián Chávez, analista del área de Salud y Seguridad del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), la situación a nivel departamental se agrava y el Gobierno Central no declara una alerta institucional para advertir a la población que se abstenga de visitar los municipios más afectados.

Agregó que los sistemas de información de Salud deberían utilizarse para la toma de decisiones, pero se cuestiona cuál es el uso que se está dando en la actualidad si se siguen permitiendo los traslados y las visitas a centros turísticos. 

Protocolos relajados

Durante marzo, los casos incrementaron a nivel nacional. Guatemala subió de una tasa de casos positivos de COVID-19 de 98.26 a 186.37. Asimismo, Chiquimula, Alta Verapaz, Sacatepéquez , Quiché y Petén aumentaron sus tasas arriba del cien por ciento. 

Pese a que la información estaba vigente desde el 1 de marzo y advertía que los casos crecían, el MSPAS se limitó a recordar  que los protocolos de seguridad serían mantener el aforo en lugares públicos, limitar a no más de cien personas el acceso a las playas, lagos, ríos, centros turísticos, permitir las ferias comunales y dejar a consideración de las comunas los conciertos y fiestas.

Sin medidas especializadas

La defensora de Salud de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Zulma Calderón, enfatizó que las decisiones de las autoridades locales continúan siendo las mismas a pesar de la saturación en los servicios de salud y la cantidad de casos positivos por coronavirus. 

Calderón agregó que la cartera de Salud no ha realizado una evaluación de las regiones afectadas para determinar qué medidas preventivas se ejecutarán de acuerdo al contexto de cada una. La defensora señaló que se debió continuar evaluando la colocación de cordones epidemiológicos, confinamientos regionales y prestar una especial atención a priorizar los departamentos afectados con el plan de vacunación. 

“Se necesita una integración del plan de vacunación y dar respuesta a la pandemia, pero sucede todo lo contrario; Salud, Educación e Inguat cada quien por su lado”,  manifestó Calderón.

Vacunación desordenada
Centenares de adultos mayores de 70 años asistieron desde el jueves 1 de abril a las instalaciones del polideportivo de Gerona en la zona 1 capitalina para recibir la primera dosis de la vacuna. Sin embargo, las autoridades no han sido claras sobre cuál será el procedimiento para ellos. La defensora de Salud de la Oficina del PDH aseguró que el plan de vacunación es desordenado, sin registro, sin control y llevó a vulnerar los derechos de los adultos mayores, quienes esperaron de seis a ocho horas para recibir una vacuna y no fueron atendidos.

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