El Ministerio de Gobernación (Mingob), por solicitud de la Unidad del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria (UNMGP) de la misma cartera, modificó la fecha de recepción de ofertas para la contratación del Servicio de Arrendamiento para la Implementación del Control Telemático.

El 18 de febrero pasado, el UNMGP publicó el concurso Nog 13468030 para la licitación del servicio. Inicialmente la fecha de recepción de ofertas estaba programada para este miércoles 31 de marzo sin embargo este detalle fue modificado el lunes pasado. 

Las ofertas se recibirán hasta el próximo 20 de abril a las 10:00 horas en las instalaciones del Salón Mayor del Mingob ubicado en el tercer nivel de la sexta avenida, zona 1 de la ciudad de Guatemala. 

El concurso es para el arrendamiento de equipo de cómputo y equipo de oficina del centro de control telemático, del inmueble donde funcionará el centro y de 3 mil brazaletes electrónicos por un periodo de cuatro años. 

La primera licitación para el servicio telemático se realizó en 2018 pero fue anulada. elPeriódico consultó al Migob el motivo por el que aplazaron la fecha de recepción de ofertas pero no se recibió una respuesta. 

Ley aprobada en 2016

En noviembre de 2016, el Congreso de la República aprobó de urgencia nacional la Ley de Implementación del Control Telemático en el Proceso Penal. 

El control telemático es aplicable como un sistema de vigilancia por medio de GPS para sindicados o condenados sin necesidad de que sean recluidos en una prisión. El sistema permite establecer previamente las restricciones de movimiento que se estime conveniente en cada caso, para hacer compatible la integración social y la seguridad ciudadana o la prohibición de desplazarse a lugares no autorizados. 

De acuerdo con la ley, el dispositivo de control será financiado por el sindicado, sancionado o condenado, salvo a criterio del juez que deberá hacer un estudio socioeconómico del sujeto. 

El dispositivo se aplicará con el consentimiento de la persona, salvo en casos de medidas de seguridad que lo ameriten. La normativa busca dar prioridad en el uso de los aparatos para personas mayores de 65 años, mujeres gestantes, personas con enfermedades graves o terminales, personas con discapacidad, padres o madres que sean cabeza de familia y adolescentes en conflicto con la ley penal.
También se busca implementarlo para las medidas de seguridad a favor de víctima de delito y violencia contra la mujer