El Martes Santo terminó sin que se publicara la Lista Engel del Departamento de Estado de EE. UU., esperada por unos y temida por otros. Sin embargo, la sanción para los corruptos y quienes les apoyan es parte de un proceso que tiene un plazo de hasta 180 días para desarrollarse, a partir de su aprobación, en diciembre pasado.

La lista, que se alimentará con información de las diferentes agencias de EE. UU., debe informar al Congreso “no para que decida quién entra o no, sino como un mero informe o para sugerir personas”, explicó Adriana Beltrán, directora del Programa de Seguridad Ciudadana en WOLA, que ha observado el proceso de aprobación de la Ley promovida por el congresista Eliot L. Engel. La llegada de la lista al Congreso marcará la pauta de la divulgación, agrega.

La  Ley de Compromiso Mejorada Estados Unidos-Triángulo Norte tiene dos componentes principales: la publicación de la lista de actores corruptos y antidemocráticos de El Salvador, Guatemala y Honduras, a quienes se les negará la entrada a Estados Unidos; y la creación de una estrategia de cinco años por parte del Secretario de Estado y el Administrador de USAID sobre los esfuerzos “para promover la prosperidad, combatir la corrupción, fortalecer la gobernabilidad democrática y mejorar la seguridad civil en los tres países centroamericanos y frenar la migración irregular”. 

Como parte de su implementación, la Ley demanda que los países entreguen una serie de informaciones y datos sobre actividades ilícitas y la respuesta institucional de cada Gobierno.

Repercusiones políticas

El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), que se presenta como una organización de investigación de políticas bipartidistas y sin fines de lucro, expone desde Washington que “hay varias consideraciones que la administración de Joe Biden deberá sortear al implementar la legislación de Engel, incluido el establecimiento de criterios claros para colocar a las personas en la lista, garantizar que no tenga motivaciones políticas inadvertidamente y aclarar las consecuencias para los gobiernos regionales ante la inclusión de algunos de sus funcionarios. 

En esos casos “delicados” la administración puede reservarse los nombres de las personas sancionadas, apunta Beltrán.

AMPLÍA SANCIÓN

La expectativa en torno a la Lista Engel, anota Adriana Beltrán de WOLA, se puede explicar porque sancionará no solo a los señalados de corrupción –aunque no hayan sido condenados judicialmente–, sino también a quienes atacan a operadores de justicia o periodistas que han sido parte de la lucha contra la corrupción.