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Nacionales

EPQ analizará si sanciona a la Junta de Licitación


La Gerencia General oficializó que el proyecto del rompeolas fue improbado por unanimidad.

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David Verganza, gerente general de EPQ, durante la citación de la UNE.

El pasado martes, la Junta Directiva de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) improbó el contrato de Q477.9 millones para el proyecto de mejoramiento de la Infraestructura Portuaria Rompeolas Este y Oeste, Puerto Quetzal. De acuerdo con el análisis efectuado por parte de los directivos, existen inconsistencias en todo el proceso. 

A principios de mes, la Junta de Licitación, integrada por Luis Pivaral, Maynor Valdez y Julio Barrios, dio luz verde para ejecutar el proyecto millonario. 

La empresa Supervisión, Construcción y Mantenimiento, S. A. fue la ganadora de las tres que participaron en el evento. Dicha empresa es representada por Alejandro Matheu Escamilla, amigo del exministro de Comunicaciones y prófugo de la Justicia, José Luis Benito.

 Pivaral, quien no asistió a la citación realizada por la UNE, indicó que la Junta de Licitación analizará y profundizará la decisión de la Directiva, pero que la tendencia es anular el evento. Por su parte, Wálter Rodríguez, de la Contraloría General de Cuentas (CGC), manifestó que analizan junto con el MP cómo procederán. 

“¿Qué sanciones van a imponer a la Junta de Licitación por tratar de desfalcar al Estado?”, preguntó el diputado Orlando Blanco. La respuesta de la Gerencia, y de cada uno de los directivos representantes de los ministerios de Finanzas, Defensa, Comunicaciones, así como de los trabajadores, fue que la decisión tiene que ser conocida en reunión de directivos, ya que el pasado martes ese tema no se discutió. 

Otro contrato dudoso

Los legisladores de la UNE evidenciaron anomalías en otro proyecto que fue adjudicado en 2019 y que consiste en el “Estudio de Actualización del Plan Maestro de Desarrollo de la Empresa Portuaria Quetzal”. El monto fue de Q13.7 millones y el Estudio tenía que elaborarse en un periodo de 212 días calendario, pero la actual Directiva aprobó una ampliación de 212 días más. 

Este proyecto -que fue adjudicado a Juan Antonio Montúfar- ahora está en manos de Odenilson Franco López Rodríguez. Finanzas informó que dicha persona tiene una inhabilitación para ser contratista del Estado. 

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