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Nacionales

Junta Directiva de la EPQ imprueba la licitación del rompeolas


Ahora la Junta de Licitación tendrá cinco días hábiles para confirmar o modificar su decisión de adjudicar el contrato de mejoramiento y dragado del rompeolas este y oeste del Puerto Quetzal por Q477.9 millones a la empresa Supervisión, Construcción y Mantenimiento, S.A. (SCM) del empresario Alejandro Matheu Escamilla. Posteriormente, la Junta Directiva deberá en un plazo de otros cinco días hábiles decidir finalmente si aprobar, improbar o prescindir de la negociación.

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La Junta Directiva de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) se reunió ayer en forma extraordinaria para conocer lo actuado por la Junta de Licitación que llevó el proceso de “mejoramiento infraestructura rompeolas este y oeste, Puerto Quetzal”.

La Junta de Licitación que está integrada por Luis Manuel Pivaral de la Vega, Maynor Roberto Valdez Valdez y Julio Barrios Mirón, habían adjudicado el proyecto a la empresa Supervisión, Construcción y Mantenimiento (SCM) propiedad de Alejandro Matheu Escamilla por un monto de Q477 millones 947 mil 452.40.

Una fuente de Junta Directiva e integrantes del sindicato de trabajadores de la EPQ, coincidieron en señalar que los directivos por unanimidad decidieron atender las recomendaciones que hizo la Contraloría General de Cuentas (CGC) que detectó varias irregularidades en la licitación  y ordenó que el expediente sea devuelto en un plazo de dos días hábiles a la Junta de Licitación que tendrá cinco días hábiles para resolver si mantiene su decisión o anula el proceso.

Con la improbación por parte de la Junta Directiva esta tiene dos días laborales para remitir el expediente a la Junta de Licitación la que tendrá cinco días hábiles para confirmar o modificar su decisión original. Luego la Junta de Licitación dispondrá de dos días hábiles para devolver el expediente a la Junta Directiva, quien a su vez tendrá otros cinco días hábiles para aprobar, improbar o prescindir de la negociación.

“Aún no ha habido votación”

Por su parte, David Berganza, gerente general de la EPQ, confirmó que el expediente fue conocido durante la sesión de ayer, pero afirmó que aún no ha habido votación para saber si se aprueba o imprueba lo actuado por la Junta de Licitación.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la EPQ las resoluciones de Junta Directiva son autorizadas por mayoría simple de votos y no están permitidas las abstenciones. En caso de empate el presidente de la portuaria tiene doble voto.

La Junta Directiva está integrada por un presidente que es designado por el Organismo Ejecutivo. Además existe representación de los ministerios de Comunicaciones, Finanzas y Defensa Nacional. Los trabajadores de la EPQ también cuentan con un delegado en la directiva.

Proceso viciado

La licitación que se inició en diciembre pasado, ya era del conocimiento público que sería entregada a la constructora SCM.

El concurso de licitación recibió 18 inconformidades, varias reclaman por la poca transparencia en la visita técnica que se realizó el pasado 14 de enero, cuando al menos 10 empresas se acercaron con la intención de concursar; sin embargo, fueron descartadas por la EPQ sin mayor explicación.

Ese día, de acuerdo con las inconformidades presentadas, se realizó la visita, no obstante, al finalizar la misma se les requirió documentación que no estaba estipulada en las bases de licitación, la cual fue revisada por los encargados fuera de la vista de los participantes. Al regresar, estos, les indicaron que únicamente podían continuar en el proceso tres de las  10 empresas interesadas, sin indicarles las razones por las que las otras habían sido descalificadas.

Las únicas empresas que pudieron continuar en el proceso fueron SCM, de Alejandro Matheu Escamilla, quien ofertó Q477.9 millones; Tecuntrac, S. A., que ofertó Q461.5 millones; y Construcciones Integrales Avanzadas, S. A. (Ciansa), ofreció Q477.9 millones.

La CGC dio a conocer hace unos días que envió un oficio a las autoridades de la EPQ en el que advertía de la existencia de inconsistencias en el proceso y recomendaba iniciar uno nuevo.

Además, la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) dio a conocer que investigará de oficio ante los cuestionamientos que ha tenido la licitación.

El amigo del exministro prófugo 

Alejandro Matheu Escamilla y José Luis Benito Ruiz, exministro de Comunicaciones durante la administración de Jimmy Morales y prófugo de la justicia, son amigos desde hace varios años atrás, ambos comparten la pasión por la crianza de caballos españoles.

Constructor y exministro pertenecen a la Asociación Guatemalteca de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (Ancce). José Luis Benito es dueño de la Ganadería Benito Ruiz que compite en España, México y Guatemala; mientras que Matheu Escamilla es fundador y propietario desde hace un lustro de la Yeguada San Nicolás, que ha ido adquiriendo una selecta colección de sementales y ejemplares que compiten en España y Guatemala donde han obtenido muchos premios.

De Matheu Escamilla se sabe que fue financista de la campaña electoral de Jimmy Morales, aunque su nombre no figura en la lista reportada al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por parte del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación). 

Esa condición de financista sumado a la amistad con Benito Ruiz le permitió recibir durante el gobierno de Morales la cantidad de Q675 millones 235 mil 247.58 en contratos de obra pública.

Durante el primer año de gobierno de Alejandro Giammattei fue beneficiado con contratos que suman Q311 millones 369 mil 290.13.

Reacciones

Marvin Flores, de Acción Ciudadana comentó que la Junta Directiva adoptó la decisión correcta porque existían muchos errores de procedimiento.

A criterio del analista, lo mejor sería que la EPQ realice un mejor estudio técnico sobre el asolvamiento. “Creo que la solución técnica es más económica de lo que han proyectado”, comentó.

El diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Carlos Barreda, también expresó que la directiva realizó lo más sensato al no aprobar lo actuado por la Junta de Licitación.

“Está claro que la Junta de Licitación buscó beneficiar a una empresa sin experiencia en el ramo y que no cumplía con los requisitos”, concluyó.

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