Acción Ciudadana (AC) presentó este lunes el observatorio guatemalteco anticorrupción que realizará un monitoreo de las acciones anticorrupción a las que Guatemala se comprometió en la VIII Cumbre de las Américas que se llevó a cabo en 2018. El observatorio estará integrado por varias organizaciones civiles.

El observatorio ofrecerá un apoyo técnico a la implementación del proyecto Participación de la Sociedad Civil en la Cumbre de las Américas (Pasca) para crear conciencia, monitorear e informar sobre la implementación en el país de los mandatos de la cumbre, así como investigar sistemáticamente, documentar y analizar evidencia sobre casos de corrupción pública y privada y la efectividad de los esfuerzos anticorrupción. 

El monitoreo de la sociedad civil también se está implementando en otros países como El Salvador y Honduras, Colombia, Chile y Perú, coordinado por Acción Ciudadana que invitó a organizaciones de las naciones mencionadas para participar en el observatorio. 

Eddie Cux, presidente de AC explicó que el observatorio es un instrumento internacional que sirve de parámetro para determinar cuál es el avance de los Estados en implementar mecanismo anticorrupción como el acceso a la información,  monitoreo de financiamiento electoral, protección de denunciantes o tipificación de delitos de corrupción. 

El observatorio permitirá elaborar un informe por país sobre el avance del compromiso de Lima. Los documentos serán publicados en una plataforma web para que pueda ser consultada por la población. 

También buscan presentar los resultados del monitoreo a tomadores de decisiones para incidir en cambios políticos. 

Además, la Cumbre de las Américas se llevará a cabo en abril de este año en Estados Unidos,  un país que ha mostrado interés en la lucha contra la corrupción en la región, según indicó Cux.

Analizarán 19 mandatos 

El observatorio calificará la implementación de 19 mandatos de los 57 que adquirió Guatemala

De los mandatos, seis son sobre fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, siete sobre temas de transparencia y acceso a la información, protección de denunciantes, derechos humanos, libertad de expresión, uno sobre financiamiento de organizaciones políticas y de campañas electora, tres sobre prevención de corrupción en obras publicas contrataciones pública y dos sobre cooperación jurídica internacional, combate al cohecho, soborno internacional al crimen organizado y lavado de activos y recuperación de activos.