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Nacionales

Acción Ciudadana presenta impugnación en contra de la designación de magistrados por el CANG


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El presidente de Acción Ciudadana, Eddie Cux  presentó un recurso de impugnación ante la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) contra la designación del expresidente del Organismo Judicial, Néster Vásquez Pimentel y de la abogada  Claudia Paniagua como magistrados titular y suplente  de la Corte de Constitucionalidad (CC). 

De acuerdo al documento presentado por Cux los magistrados electos no cumplen con las cualidades de idoneidad y honorabilidad para ocupar el cargo. 

“Existen evidentes indicios que ponen en duda los méritos constitucionales del abogado Néster Vásquez para asumir como magistrado de la CC”, señala Cux. 

El pasado 26 de febrero, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) indicó que en 2019, cuando Vásquez integró la postuladora de Apelaciones, se conformó un pacto de 24 comisionados para nominar cuotas de profesionales afines y que él habría formado parte de los diez magistrados que apoyaron la elección amañada de candidatos de apelaciones en el caso de Comisiones Paralelas. 

Junto a la impugnación de Acción Ciudadana, el abogado Alfonso Castillo también presentó una apelación. Son tres impugnaciones las que ha recibido la junta directiva del CANG. 

Cumplir tiempos 

Mientras la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) dio a conocer por un comunicado que “ningún recurso legal debe ser utilizado como mecanismo para prorrogar el plazo de la actual magistratura”. 

La CIG enfatiza que los nuevos magistrados deberán tomar posesión del cargo el próximo 14 de abril. 

https://twitter.com/guatevisible/status/1369837925534490624

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“El Gobierno del Estado de Guatemala no podrá enajenar por cualquier medio, incluyendo la aportación, la venta, la concesión temporal, la renta indefinida o a término o por cualesquiera otros medios que impliquen la cesión de derechos soberanos sobre activos republicanos, materiales o inmateriales, tales como los derechos sobre terrenos del Estado, sobre el subsuelo, sobre sus costas, sobre su espectro electromagnético, sobre sus aguas territoriales o sobre cualquier otro activo republicano que así sea calificado por el Congreso de la República, si dicha enajenación no se materializa con la simultánea cesión, titulada conforme a los mecanismos establecidos en esta misma Ley, del 49 por ciento de tales activos, directamente, a todos los ciudadanos adultos de la República que así lo soliciten, durante los tres años siguientes al acto de enajenación”. Parte medular de una futura Ley de Dotación Patrimonial Ciudadana (DPC), que convertiría a Guatemala en una sociedad capitalista moderna, incluyente y participativa, promoviendo el ascenso socioeconómico de sus mayorías desposeídas y por ende, promoviendo simultáneamente la paz social y la prosperidad generalizada que requiere una república funcional.



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