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Nacionales

Mingob licita servicio de control telemático


Esta es la segunda vez que se busca contratar este servicio, con el cual se pretende reducir el hacinamiento en las cárceles del país.

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La Unidad del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria (UNMGP) del Ministerio de Gobernación (Mingob) publicó la licitación del servicio de arrendamiento para la implementación del control telemático en el proceso penal.

Desde hace cuatro años se aprobó la Ley de Implementación del Control Telemático en el Proceso Penal, Decreto 49-2016, y sigue sin funcionar.

Según el portal Guatecompras, mediante el NOG 13468030, el próximo 31 de marzo se recibirán las ofertas para contratar el servicio de arrendamiento del equipo de cómputo del centro de control telemático, así como el arrendamiento del equipo de oficina, otras máquinas y equipos, un bien inmueble para ubicar dicho centro y 3 mil dispositivos, para un periodo de 48 meses.

La implementación será progresiva, con una primera fase en la región metropolitana del departamento de Guatemala. 

Con este servicio se pretende cumplir lo que establece esta ley para el uso de dispositivos de control telemático (DCT) como un medio alternativo a la prisión, para garantizar el cumplimiento de las medidas sustitutivas, prelibertad y libertad controlada. Asimismo, se aplicará a las medidas de seguridad en la protección de las víctimas del delito y de violencia contra la mujer.

La normativa contempla que se debe priorizar la asignación de brazaletes electrónicos a las personas mayores de 65 años, mujeres gestantes, personas con enfermedades graves o terminales, personas con discapacidad, padres o madres que sean cabeza de familia y adolescentes en conflicto con la ley penal.

Los DCT deben utilizar tecnología GPS/AGPS. Para las medidas de seguridad de víctima de delito y violencia contra la mujer, deben tener capacidad de emitir o recibir señales auditivas y visuales. 

Fallido

En 2018 se hizo la primera licitación para arrendar cinco mil dispositivos de control telemático por 36 meses, pero se anularon las negociaciones porque en el lugar donde iba a funcionar el centro de monitoreo se instalaría una prisión. 

Corinne Dedick, investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), dijo que el cumplimiento de esta ley, aprobada en noviembre de 2016 por el Congreso, está atrasado.

“El ente encargado de implementar esta ley ha sido cambiado como tres veces, fue primero el Ministerio de Gobernación, después la Policía Nacional Civil y ahora la Unidad del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, lo importante es que ya pueda avanzar y pueda institucionalizarse al tener un ente definido”, dijo.

En caso de que alguien infrinja los lineamientos de su brazalete, se requiere una respuesta de la Policía, por ello es necesario que se fortalezca la unidad con personal y capacidades, agregó.

Hacinamiento

Según datos de la Dirección General del Sistema Penitenciario, hasta el viernes último se encontraban 25 mil 71 privados de libertad, de estos 12 mil 398 en prisión preventiva. En la actualidad su capacidad es de 6 mil 800 espacios, lo cual refleja un hacinamiento.

Dedick considera que este sistema tampoco resolverá por completo el hacinamiento. Dijo que en un estudio elaborado por el CIEN hace un par de años, se calculó que las personas en prisión preventiva que podrían aplicar a este control eran aproximadamente 2 mil 500.

Q2 millones se programó
para el primer año, según el dictamen presupuestario. Este puede aumentar o disminuir según los dispositivos activos y en funcionamiento.

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