Representantes de organizaciones por los derechos sexuales y reproductivos exigieron investigaciones profundas en casos de violencia sexual,  sanciones para los agresores. y una reparación digna para los sobrevivientes. 

Datos del Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público muestran que solo en enero de 2021 se reportaron 9 mil 362 casos de violencia contra las mujeres, 85 muertes violentas de mujeres y femicidios. El promedio de alertas Isabel-Claudia activadas por día fue de cuatro, manteniéndose 699 activas. 

La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata tiene un registro de 6 mil 357 reconocimientos por delitos sexuales en el 2020. 

Además, piden a las autoridades dar cumplir con la implementación de la Educación Integral en Sexualidad para reducir los embarazos en adolescentes y que haya acceso a la información y a métodos anticonceptivos. 

De acuerdo con el Observatorio de Derechos Reproductivos (OSAR) el año pasado se reportaron 4 mil 105 embarazos en niñas de 10 a 14 años y 86 mil 831 en adolescentes de 15 a 19 años, que suma un total de 90 mil 936 embarazos en niñas y adolescentes. 

El Centro de Epidemiología del Ministerio de Salud también reporta muertes maternas entre enero a junio de 2020, en su mayoría por hemorragias (46 por ciento), un 35 por ciento por hipertensión, un 7 por ciento por infecciones y un 4 por ciento por abortos. Se desconoce la cifra total de muertes maternas del año pasado pero en 2019 el registro fue de 382. 

También solicitaron que el Estado de Guatemala reconozca a las mujeres trans en las legislaciones y políticas públicas que favorecen sus derechos humanos, sexuales y reproductivos. Así como generar espacios sociales, políticos, económicos y culturales para erradicar la violencia, dicrimación y prejuicios contra las mujeres trans. 

De acuerdo al Centro de Documentación y Situación Trans en Latinoamérica y el Caribe, en Guatemala durante el 2020, el índice de delitos cometidos hacia mujeres trans fue en un 60 por ciento por discriminación, 15 por ciento por demandar el derecho sexual para que se reconozca su identidad de género, un 11 por ciento por amenaza e intimidación y un 6 por ciento por asesinatos o transfemidicios.