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Nacionales

Las dudas sobre la empresa que vendió pruebas falsas de COVID-19


Los propietarios de Kron Científica e Industrial decidieron guardar silencio ante la prensa y aseguran que solo hablarán con el Ministerio Público.

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La sede de la sociedad anónima Kron Científica e Industrial es una casa particular del condominio San Gaspar de la zona 16. Esta es la dirección donde el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) le autorizó la licencia sanitaria. Es el centro de operaciones de la compañía a la que el Estado le pagó Q7.3 millones por pruebas para detectar coronavirus, pese a presentar un certificado de calidad falso y que las pruebas no generaban resultados. Desde 2005, la empresa ha vendido Q71 millones al Estado, según los registros del portal Guatecompras.

A pesar de la denuncia presentada por la ministra de Salud, Amelia Flores, en su contra, los dueños de Kron Científica decidieron guardar silencio. Una empleada indicó ayer en una conversación telefónica que los representantes “no desean hablar con la prensa”. elPeriódico visitó el condominio San Gaspar; pero al ingresar al mismo, un hombre, quien se identificó como el guardián, señaló “no les quiero dar ninguna información” al preguntar por la empresa señalada de vender pruebas falsificadas.

La entidad Kron Científica e Industrial, Sociedad Anónima fue constituida el 1 de octubre de 1998, según la escritura que consta en el Registro Mercantil (RM). Fue fundada por Luis Alfredo Arocha Bermúdez y Carlos Humberto Aguilar Peltzer. El primero es el gerente general y representante legal de la empresa, mientras que Aguilar Peltzer es también representante de los laboratorios Peltzer Werke y Donovan Werke AG; también figura en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como financista del partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo) en 2019.

Juan Pablo Arocha Urbina, hijo de Luis Alfredo, es el gerente administrativo de Kron Científica, y fue quien en octubre del año pasado firmó el contrato con el entonces gerente administrativo del MSPAS, Ronaldo Estrada Rivera, para la adquisición de las 30 mil pruebas tipo PCR que no funcionaron.

Habilitada para
compras directas

De acuerdo con la constancia de inscripción en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE), vigente hasta el 9 de julio de 2021, la empresa de la familia Arocha está habilitada únicamente para proveer bienes, suministros o servicios al Estado en la modalidad de compra directa. El comisionado presidencial Contra la Corrupción, Óscar Dávila, indicó esta semana, en una citación en el Congreso con diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que Kron Científica estaba inhabilitada para ser proveedora por medio del concurso con el que ganó el contrato de las pruebas.

Sin embargo, la empresa ha obtenido contratos en el MSPAS y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) por montos por arriba de los Q90 mil, el límite de las compras directas. Un ejemplo es la licitación NOG 13106171 que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) le adjudicó por Q1.5 millones por un sistema automatizado para extracción de drogas para el Laboratorio de Toxicología.

El Inacif respondió que investigará el proceso de compra y envió la constancia de una precalificación del RGAE, en la que se detalla que la entidad Kron Científica e Industrial puede proveer bienes al Estado hasta por un monto de Q9 millones 88 mil 390. Las ventas a instituciones públicas, superiores a los Q90 mil, que ha obtenido la empresa las ha logrado únicamente bajo la figura de estados de Excepción, con las que las entidades pueden obviar los filtros de la Ley de Contrataciones del Estado.

Más sociedades

En el Registro Mercantil consta que Luis Alfredo Arocha Bermúdez también es gerente general de Liid América, S. A. y que hasta 1999 dirigió la sociedad Servicios Profesionales Kaservi, esta última también estuvo integrada por Carlos Humberto Aguilar Peltzer. Según el comisionado Óscar Dávila, la empresa Kron Científica e Industrial no registró ninguna importación de bienes durante 2020. Según el economista Ricardo Barrientos, ese hecho no supone anomalías, pero se debe investigar la posible comisión de delitos como fraude, peculado e incumplimiento de deberes. 

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