TSE apoya que diputados puedan ser tránsfugas
La iniciativa de ley tendrá que ser conocida en el pleno y luego enviarse a la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso para su dictamen.
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La iniciativa de ley tendrá que ser conocida en el pleno y luego enviarse a la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso para su dictamen.
El pasado martes, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) envió al Congreso de la República la iniciativa de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). El proyecto contempla cambios a 44 artículos, entre ellos, regresar a la práctica del transfuguismo.
Los magistrados del TSE que fueron invitados la próxima semana por la Comisión de Asuntos Electorales del Legislativo, para hablar sobre la propuesta de reformas a la LEPP, únicamente manifestaron ayer que la propuesta debe ser sometida a discusión del pleno.
El diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Orlando Blanco, calificó como vergüenza que el TSE estimule el transfuguismo. La iniciativa aparentemente surgió de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME), coordinada en 2019-2020 por el TSE y en el que participaron varios sectores de la sociedad.
No es ético
Élmer Velásquez, miembro directivo de la Convergencia Nacional por la Reforma Política, indicó que “no es ético ni moral provocar reformas regresivas. Con esta propuesta el TSE debilita la institucionalidad del país”.
El entrevistado cuestionó que se justifique que en la CAME se discutió el tema y agregó que, con ello, los magistrados favorecerán a los actuales miembros de la Junta Directiva del Congreso.
La iniciativa la hizo pública el TSE un día después que el pleno discutiera una propuesta para modificar un artículo de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. La reforma que cabildeó la congresista de Vamos, Shirley Rivera, plantea que los diputados que se queden sin organización política o que se declaren independientes podrán mantener presidencias de comisiones, puestos en Junta Directiva o tener la representación de este Organismo.
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La polémica se ha centrado en una condena que la exdiputada carga desde el 2010 por el delito de abuso de autoridad.
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