Hellen Mack, representante de la Fundación Myrna Mack y Eleonora Muralles, presentaron objeciones en contra de las postulaciones de Dina Ochoa Escribá, Héctor Hugo Pérez Aguilera y Roberto Molina Barreto para integrar la Corte de Constitucionalidad (CC).

Los tres candidatos presentaron sus expedientes ante la Corte Suprema de Justicia, que programó para el próximo 10 de marzo el nombramiento de un titular y un suplente para la siguiente magistratura de la CC, de 2021 a 2026.

La objeción contra la magistrada titular Dina Ochoa que va por un nuevo periodo en la CC cuestiona su forma de proceder durante las sesiones en la alta corte para determinar la cesación en el cargo de Neftaly Aldana, el año pasado. La alta corte señaló la ausencia de Ochoa en una de las sesiones para tratar el tema, entre otros inconvenientes. 

Para Mack y Muralles resulta relevante que la CSJ reconsidere con sumo cuidado la pretensión de Ochoa, porque “incumplió su obligación de ejercicio de la magistratura, repercutiendo en menoscabo del orden constitucional”. “La honorabilidad no es un requisito frívolo, es una condición humana difícil de atribuir y mucho más de ostentar y no requiere de un proceso “judicial”, señalan.

Sobre el desempeño de Pérez Aguilera como integrante de la CC, Mack y Muralles recuerdan que fue “copartícipe de anular la sentencia condenatoria por genocidio contra Efraín Ríos Montt; que estuvo de acuerdo en reducir siete meses el mandato de la fiscal general, Claudia Paz y Paz; y que validó la elección de magistrados del Organismo Judicial para el periodo 2014-2019.

Durante el proceso, organizaciones civiles denunciaron reuniones sostenidas con Estuardo Gálvez, exrector de la Usac; Arístides Crespo (PP), presidente del Congreso y el operador político Roberto López Villatoro, para acordar la integración de la Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones.

En su planteamiento, Mack y Muralles exponen que atribuir la reconocida honorabilidad exige un proceso en el que sus pares reconozcan la condición a quien afirma ostentarla, tras un cuidadoso escrutinio de los actos del postulante. Pero su vinculación con los acuerdos para integrar cortes de justicia, cuando se desempeñaba como magistrado de la CC, no se apega a los parámetros constitucionales referidos, lo que no lo hacen idóneo para ejercer magistratura en la CC.

Nexo político

A Molina Barreto se le cuestiona por su vinculación política con el partido Valor, porque crea riesgos para la independencia de la corte. En las elecciones pasadas, Molina hizo binomio con Zury Ríos Sosa por el partido Valor. La inscripción de la candidatura de Ríos Sosa, hija de Efraín Ríos Montt, se discutió e invalidó por el pleno de la CC.

Precisamente, durante la recepción de expedientes, la CSJ eliminó el requisito de presentar una carencia de afiliación política.

Tiempo ajustado

La CSJ y el CSU abrieron plazos de tres días para presentar objeciones, lo que dificulta el obtener constancias de algunas instituciones, de acuerdo con algunos interesados. Esto porque algunas instituciones no entregan información sino hasta 10 días después, basándose en que es el límite que establece la Ley de Acceso a la Información Pública.

Insta a la transparencia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a Guatemala a garantizar la transparencia y el cumplimiento de estándares internacionales en el proceso de selección de magistrados.  Recordó que “un proceso adecuado de nombramiento y selección constituye un presupuesto esencial para garantizar la independencia de las y los operadores de justicia”.