Los meses de restricciones por la pandemia del COVID-19 han servido de trampolín para que los grupos criminales asociados al narcotráfico incrementen sus operaciones de extracción ilegal de jade y rosul, especialmente en la Sierra de las Minas y Petén, indican investigadores de la Fiscalía Contra Delitos del Medio Ambiente del Ministerio Público (MP).

Según las investigaciones, Cobán, Alta Verapaz; Zacapa, Chiquimula y especialmente Izabal, son zonas clave para los grupos que extraen minerales y maderas preciosas.

Los investigadores de esa unidad refieren que desde mediados de 2020 los grupos criminales se han movilizado con mayor facilidad ante la ausencia de las fuerzas de seguridad en esos departamentos, que han puesto su atención en otras actividades gubernamentales, aunque consideran que nunca ha existido el suficiente recurso humano y tampoco una política de Estado para resguardar ese patrimonio.

Para los fiscales, la falta de recurso humano afecta la protección de la madera y el jade, aunque también aseguran que uno de los principales problemas es el contubernio entre algunos elementos de las fuerzas de seguridad que permiten el trasiego ilegal con el apoyo de autoridades locales, especialmente los alcaldes.

Una de las modalidades de los contrabandistas ha consistido en mezclar las piedras de jade entre el hierro que se traslada de forma legal, lo mismo sucede con la madera rosul.

Agentes de la División de Protección a la Naturaleza (Diprona) de la PNC explican que un metro cúbico de rosul puede alcanzar un costo de Q30 mil o más en el mercado negro, debido a que es una madera en peligro de extinción y considerada una de las más finas, mientras que un kilo de jade se puede vender a US$4 mil 500 (unos Q31 mil 500) en países como China.

Robo hormiga

Diprona indicó que la extracción ilegal de jade no solo se le atribuye a grupos criminales, sino también a pobladores que comercian los minerales en pequeñas cantidades para fabricar productos artesanales.