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Nacionales

Dos diputados aspiran a ser electos como magistrados de la CC


El Congreso elegirá un Magistrado Titular y un Suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC), a más tardar el próximo 15 de marzo.

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Pese a que ningún profesional del Derecho ha presentado en el Congreso su expediente para participar en el proceso de designación de Magistrado Titular y Magistrado Suplente para la Corte de Constitucionalidad, en los corredores del Palacio Legislativo ya se habla de dos diputados como los candidatos más fuertes y quienes ya han empezado a reunirse con sus colegas para lograr los votos necesarios.

Se trata de Manuel Eduardo Conde Orellana, de la bancada del Partido de Avanzada Nacional (PAN), y Luis Alfonso Rosales Marroquín, del bloque Valor. “Independientemente de quién sea el que logre los votos, el consenso que existe acá (Congreso) es el de elegir como Magistrado Titular a alguien de la casa”, dijo un diputado cercano a las negociaciones. 

En cuanto a la designación del Magistrado Suplente existe más apertura por parte de los diputados para nombrar a alguien ajeno al Organismo Legislativo. “En el caso del suplente creo que podría ser alguien de afuera. Ahí es donde podrían entrar en la ecuación Dina Ochoa o Vitalina Orellana, quienes ya han tenido acercamientos con algunos diputados”, expresó la misma fuente.

Tras bambalinas

Inicialmente bloques como el de la Unidad del Cambio Nacional (UCN), Bien, Prosperidad Ciudadana (PC) y la facción de la UNE afín a Sandra Torres y Estuardo Vargas, veían con buenos ojos la candidatura de Manuel Conde.

Sin embargo, esta semana trascendió que el núcleo del oficialismo integrado por Allan Rodríguez, Shirley Rivera, Mynor Mejía y Miguel Martínez se inclinan por la candidatura de Luis Rosales.

Un operador clave en las negociaciones a favor de Luis Rosales es Guillermo Sosa Rodríguez, exdiputado eferregista y primo de Zury Ríos Sosa, quien en las elecciones generales de 2019 no pudo participar como presidenciable de Valor luego de que la Corte de Constitucionalidad rechazó su candidatura por la prohibición establecida en el Artículo 186 de la Constitución.

Una investigación publicada por elPeriódico en noviembre del año pasado documentó que tanto Sosa Rodríguez como Rubén Mejía (ambos viceministros de Comunicaciones durante el gobierno del Partido Patriota) son operadores políticos del presidente Alejandro Giammattei desde la segunda vuelta de la pasada campaña electoral, y como premio les cedió el control del Instituto de Fomento Municipal (Infom).

De acuerdo con la misma publicación, Martínez considera a Sosa “como un padre o mentor político por su habilidad de negociación”.

elPeriódico buscó comentarios de Manuel Conde y Luis Rosales, sin embargo, no respondieron a las llamadas realizadas durante ayer por la tarde.

Manuel Eduardo Conde Orellana

Abogado y Notario.

Secretario General de la Presidencia de 1991 a 1993 

Fue presidente de la Comisión de Paz del Gobierno que inició negociaciones con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

Fue diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen) de 1991 a 1996.

En las elecciones generales de 2007 participó como presidenciable del partido Unión Democrática (UD).

De 2016 a 2020 fue diputado al Congreso de la República con el Partido de Avanzada Nacional (PAN).

Durante el gobierno pasado mantuvo una alianza con el entonces ministro de Ambiente, Alfonso Alonzo, quien a cambio del incondicional apoyo de Conde le concedió plazas en dicha dependencia del Organismo Ejecutivo.

El 13 de septiembre de 2017 Conde dio su voto a favor para que el Congreso aprobara, de urgencia nacional, dos decretos para modificar el delito de financiamiento electoral ilícito y hacer cambios a la conmutación de penas, actos a los que la población denominó “Pacto de Corruptos”, porque permitían que personas condenadas por extorsión, homicidio, trata de personas, entre otros delitos, evitaran la pena de cárcel. Además, eximían a los secretarios generales de partidos políticos de su responsabilidad por financiación ilícita, entre ellos el presidente Jimmy Morales, el diputado de la UNE Orlando Blanco, y de Lider, Roberto Villate. 

En las últimas elecciones generales logró la reelección para ocupar una curul en el Congreso de la República, y ha sido también un fiel aliado a los proyectos del presidente Alejandro Giammattei.

Luis Alfonso Rosales Marroquín

Abogado y Notario.

Fue diputado del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) en el Congreso de la República durante el periodo 2000-2004.

En 2001 integró la Junta Directiva del Congreso, que aprobó fraudulentamente una ley que reducía impuestos al expendio de licores. La versión final de la normativa apareció publicada en el diario oficial con montos de hasta 50 por ciento menores a las tarifas aprobadas por el Legislativo.

Dirigió la Procuraduría General de la Nación (PGN) de mayo de 2002 a marzo de 2005.

Fue abogado defensor de Efraín Rios Montt y formó parte del equipo que lo defendió a él y a José Mauricio Rodríguez Sánchez, durante el juicio por genocidio y deberes contra la humanidad en el pueblo ixil en el año 1982.

De 2016 a 2019 fue diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Fue electo diputado al Congreso de la República con el partido Valor para el periodo 2020-2023.

Por segundo año consecutivo ocupa la segunda vicepresidencia del Congreso, lo que demuestra que Rosales y su bancada Valor han estado desde un inicio en alianza con el presidente Alejandro Giammattei.

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