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Nacionales

Sandra Torres pide a jueza que le revoque medidas vigentes en su contra


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Durante los últimos meses, jueces, magistrados y operadores de justicia han liberado a varias personas acusadas de corrupción, bajo argumentos ilegales, aprovechando días de fiesta o descanso, como el fin de año o feriados, cuando sus decisiones arbitrarias pasan inadvertidas. 

También  miembros del Pacto de Corruptos -bancadas aliadas al oficialismo, seudo-empresarios, funcionarios de gobierno y otras organizaciones– encabezados por el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, se apresuran a elegir magistrados cuestionados para integrar la Corte de Constitucionalidad.

En esta mesa de acuerdos, se encuentran magistrados cuestionados del Tribunal Supremo Electoral (TSE)  como Mynor Custodio Franco, quienes buscan copar las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia. 

La participación de la excandidata presidencial Sandra Torres ha sido clave para lograr que el gobierno tenga mayoría en el Congreso, con el fin de concretar cualquier iniciativa, con el apoyo de los actuales magistrados de la CSJ, representantes del TSE, del Colegio de Abogados, miembros prominentes de la CC y de la Contraloría General de Cuentas de la Nación. 

Los 20 votos que maneja Torres en el Congreso, encabezados por Estuardo Vargas y Carlos López Maldonado, facilitaron que el oficialismo llegara al mínimo necesario de 82 votos, para juramentar al ahora prófugo de la justicia Mynor Moto, para ocupar un cargo en la Corte de Constitucionalidad, a pesar de que en su contra se encuentran diversas acciones legales por resolver. Sus diputados han sido clave para aprobar ampliaciones de resupuesto, deuda pública, protección al Ministro de Gobernación, fondos para emergencias, elección de magistrados del TSE, a quienes ahora, ha puesto a disposición para la elección en la CSJ. 

Torres pasó a ser la principal aliada del presidente Alejandro Giammattei. 

Su interés estratégico en el proceso de la elección de las Cortes es clave para mantenerse vigente en la política. 

Torres presentó un amparo para detener las asambleas de la UNE, las cuales buscan dejarla fuera de la estructura partidaria, violando con dicha acción, la prohibición de pronunciarse y ejercer acciones relacionadas con la política, por lo que corresponde que le eliminen los beneficios otorgados.

En los casos de financiamiento ilícito y corrupción, por los que la investigan, la cuestionada jueza Eva Recinos le otorgó arresto domiciliario, propiciando que saliera de la cárcel. 

Hoy acudirá a una audiencia ante la juzgadora Claudette Domínguez, a quien le pide que le autorice librarse de las restricciones para hacer política, con el fin de relanzarse como candidata presidencial y retomar el control del partido.

Si la jueza Domínguez accede a la solicitud, Torres tendría libre acceso a la contabilidad del partido, incluso para alterarla, a informes financieros, cuentas bancarias, las cuales son objeto de investigación por parte de la FECI, también podrá recuperar su espacio en el Comité Ejecutivo del partido, en donde hay otros implicados y testigos, con quienes podrá interactuar e incluso presionarlos. 

Domínguez, quien ha ordenado la libertad de otros acusados de corrupción como Arístides Crespo, se encuentra bajo el radar de los guatemaltecos y sobre todo de entidades internacionales que están atentas a movimientos judiciales y políticos a favor de la corrupción.

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