La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó a la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, a cargo del caso Comisiones Paralelas y rechazó la “duda de competencia” que había planteado el entonces juez Mynor Moto para tener información del proceso en el cual se le vincula y por el que tiene orden de captura.

El 20 de enero, Moto planteó un recurso en el cual solicitó a los magistrados de la Cámara Penal que determinaran si la jueza Aifán era competente para continuar con dicho proceso o si debía ser trasladado al Juzgado Tercero Penal, el cual estaba a su cargo.

La solicitud de Moto a la Cámara Penal se efectuó después de que en noviembre de 2020 enviara oficios a la jueza Aifán, en los que le daba dos días de plazo para que le trasladara información sobre las personas que son investigadas por supuestamente influir en la elección de magistrados de la CSJ y Salas de Apelaciones, caso en el que también se vinculó al exjuzgador por sostener reuniones con los sospechosos, según la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

Moto también pidió que la jueza Aifán le enviara el número de expediente judicial y la certificación de la competencia asignada por la CSJ, sin embargo, Aifán respondió que la investigación ya contaba con un juez contralor.

Las acciones legales de Moto comenzaron después de que la FECI le negara información del caso Comisiones Paralelas al abogado Dennis Herrera Arita, prófugo de la justicia por ese proceso.

Herrera Arita argumentó que era parte del proceso por estar vinculado y tenía derecho a esa información.

Esta semana, la FECI ha efectuado al menos seis allanamientos para tratar de localizar al exjuez Moto y a Herrera Arita, algunas de las diligencias se han hecho en el Juzgado Tercero, zona 11 de Mixco y zona 14 de la Ciudad.

abogan por juez prófugo

Los abogados defensores del exjuez Mynor Moto presentaron un recurso de exhibición personal para garantizar su integridad física, aunque permanece prófugo. El abogado Gustavo Juárez indicó que con el allanamiento efectuado en un apartamento en la zona 14 se violaron los derechos de su defendido, puesto que la orden de la diligencia tenía otra dirección consignada.

Juárez argumentó que lo actuado carece de “valor y eficacia jurídica, porque la dirección que obra en la orden de allanamiento es distinta a la que aparece en el recibo de energía eléctrica y la vivienda tiene otra nomenclatura”.