Señalan al presidente Alejandro Giammattei de procurar la impunidad y priorizar durante su primer año de gobierno el cierre de entidades vinculadas al cumplimiento de los acuerdos de paz.
El 31 de enero de 1980, un grupo campesinos y estudiantes universitarios llegaron a la Embajada de España en Guatemala para pedir el cese de la represión militar y masacre en el norte de Quiché.
El mando policial ordenó el incendio del edificio en donde 37 personas fueron quemadas vivas.
Este domingo, un grupo de indígenas realizaron una ceremonia maya en honor a los “héroes y mártires” que murieron en el asalto a la embajada.
Los grupos campesinos señalaron que el incidente implicó violaciones a leyes internacionales y la inmovilización del hecho por los sectores dominantes y la ausencia de dignificación de quienes fueron masacrados el 31 de enero de 1980 reafirma la necesidad de continuar luchando por que se haga justicia.
Resaltan que a 41 años del hecho, los responsables de la masacre no han enfrentado procesos penales por sus acciones. Además, varios sectores dle país se niegan a reconocer el genocidio e implementar las recomendacione de la comisión para el esclarecimiento histórico.
“El mantenimiento de la corrupción a lo largo de los años ha facilitado que muchas violaciones de los derechos humanos queden impunes” manifestaron.
También señalan que el presidente Alejandro Giammattei durante su primer año de gobierno priorizó el cierre de entidades vinculadas al cumplimiento de los acuerdos de paz, acciones que han pasado desapercibidas debido a la pandemia.
Además, piden que se termine la política represiva y ataques directos a líderes campesinos y criminalización de los defensores de los recursos naturales.