Más de cinco años han pasado desde que varios vecinos de Joyabaj, Quiché, se acercaron al Ministerio Público (MP) para denunciar varios señalamientos de corrupción que documentaron con información pública requerida a la comuna que dirige desde 2008 Florencio Carrascoza Gámez.

Los vecinos señalan inconsistencias financieras, un gasto excesivo en combustibles, anomalías en un proyecto de construcción de estufas mejoradas y pagos de arrendamientos para la comuna que benefician a un concejal y a su hermana. Los hechos denunciados ocurrieron entre 2012 y 2016, y muchos fueron objeto de hallazgos de parte de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Anastasia Mejía, la exconcejal de oposición y comunicadora comunitaria, ejerció desde su puesto un rol de fiscalización del gasto y ejecución de los proyectos de la comuna. Esa labor le ha costado la persecución penal promovida por el Alcalde, según su defensora. En octubre pasado, la jueza de Santa Cruz del Quiché ligó a proceso penal a la comunicadora por los delitos de sedición y atentado con agravación de la pena.

Se le señala por participar de los disturbios en la comuna que se generaron, luego de que un grupo de comerciantes protestó por la desigualdad en la asignación de espacios frente a las restricciones del coronavirus. La actividad era pacífica y según Anastasia fue convocada para dar cobertura a la entrega de un pliego de peticiones al jefe edil. 

Para esta nota se consultó sobre los avances de la denuncia, que según los vecinos está a cargo de la Fiscalía contra la Corrupción, pero hasta el cierre no se recibió una respuesta del MP.

Uno de los cuestionamientos que se llevó ante el MP fueron los pagos de la comuna por arrendamientos a uno de sus concejales, Tomas Osorio Ralios, por Q34 mil, y su familiar Dominga Ralios Osorio, por Q174 mil.

En prisión

Entre las personas detenidas por los disturbios en Joyabaj está Sebastiana Pablo Hernández, quien sigue en prisión porque no ha reunido el dinero para pagar la fianza.