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Nacionales

Galdámez es ligado a proceso por caso Asalto al Ministerio de Salud


El MP le imputó los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias al expresidenciable.

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Estuardo Galdámez, exdiputado del partido FCN-Nación,  enfrentará proceso penal por los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias en forma continuada en el caso que el Ministerio Público (MP) denominó Asalto al Ministerio de Salud.

Durante la segunda parte de la audiencia de primera declaración, la defensa de Galdámez presentó sus argumentos ante la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, para desestimar las acusaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), sin embargo, la juzgadora indicó que había información de una “posible comisión de ilícito y Galdámez había participado en el mismo”, por lo que resolvió ligarlo a proceso.

Galdámez, detenido el 23 de diciembre de 2020 después de 12 meses prófugo, prefirió no declarar sobre el caso en la primera parte de la audiencia. El 29 de enero próximo, la jueza resolverá si continúa en prisión o puede gozar de una medida sustitutiva.

En las dos audiencias, los fiscales del MP reiteraron la acusación en contra de Galdámez y lo vincularon a una estructura que operaba en el Ministerio de Salud, la cual era integrada por exfuncionarios y excongresistas  señalados de beneficiarse con el cobro de comisiones ilícitas para la adjudicación de contratos estatales de construcción y reparación de hospitales entre 2012 y 2014, durante la administración de Jorge Villavicencio, fallecido en agosto de 2020 por complicaciones de COVID-19.

Según la fiscalía, Galdámez solicitó una comisión de Q5 millones por la construcción de un hospital en Playa Grande, Ixcán, Quiché, el cual quedó abandonado ya que se suspendieron los trabajos.

Los fiscales también sindicaron a Galdámez de utilizar sus influencias políticas para ejercer presión sobre Villavicencio y contratar personas con mejores puestos laborales y salariales en el Ministerio de Salud, sin que contaran con el perfil adecuado.

Las pruebas

La fiscalía cuenta con correos electrónicos, compras, análisis criminalísticos y el testimonio de colaboradores para comprobar las operaciones de la red. Los fiscales refirieron que los sindicados aprovecharon el Estado de Calamidad por el terremoto de San Marcos y cobraron Q17 millones por el remozamiento de hospitales, además de otros Q36 millones por la construcción de nuevos centros de salud.

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