En noviembre pasado la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso recibió una iniciativa de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). La propuesta que contiene 24 artículos fue presentada por los diputados de la bancada Humanista, Rudio Lecsan Mérida y Douglas Rivero.

La justificación según el proyecto es que el último cambio realizado a la Ley Electoral en 2016 obedeció a la coyuntura política que vivía el partido que contaba con la mayoría en el Legislativo, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). De acuerdo a los ponentes de la iniciativa de ley, en ese entonces “se aprobaron disposiciones imprecisas que permiten interpretaciones antojadizas de parte del Tribunal Supremo Electoral”.

Además, en la última reforma a la Ley se aprobaron cambios a 67 artículos, entre los cuales están: la fiscalización a los secretarios generales de cada agrupación, así como a los fondos públicos o privados que reciban, la elección de los comités ejecutivos, sanciones y multas, también la nueva integración del Congreso, y se incluyó el artículo que prohíbe el transfuguismo, es decir, el cambio de partido por parte de un diputado.

Los nuevos cambios

Entre las primeras propuestas de reformas que presenta la iniciativa está que los agentes activos de la Policía Nacional Civil (PNC) puedan votar. Pero también plantea otro tipo de cambios, entre ellos que las organizaciones políticas no puedan ser fiscalizadas por la Contraloría General de Cuentas (CGC) y que no estén obligados a informar sobre el movimiento financiero a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la Superintendencia de Bancos (SIB) y a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT). 

Las contribuciones públicas o privadas ya no estarían centralizadas sino en cuentas separadas, se recibirán contribuciones anónimas, se eliminaría la prohibición de que los candidatos acepten cualquier tipo de donaciones y la obligatoriedad de llevar registros contables. La iniciativa también contempla la derogación del artículo 24 Bis de la actual ley “Rendición de Cuentas”.

Dentro del régimen de multas proponen la derogación de varios incisos relacionados a trámites administrativos, así como piden una disminución en las sanciones económicas que serían de US$30 a US$250, y no como la actual ley lo establece que es de US$500 hasta US$500 mil. 

También se modifica el
artículo 123 de la integración del Tribunal Supremo Electoral en donde eliminan varias líneas relacionadas a la forma de elección.  Eliminan todo el capítulo de Comisiones de Postulación sobre la integración, calidades para ser miembro de la Comisión, impedimentos, instalaciones y funcionamiento de los comisionados.