El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) realizó una conferencia de prensa este viernes con el fin de hacer pública la presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) del caso de la desaparición forzada en 1986 del señor José María García Portillo, quien fungía como alcalde de Chiquimula.

José María García Portillo fue electo alcalde de Chiquimula en las Elecciones Generales de enero de 1986, impulsado por el partido político Movimiento de Liberación Nacional (MLN) y asumió la alcaldía del municipio en junio del mismo año.

García Portillo, fungió como alcalde solamente por tres meses antes de su desaparición, la cual ocurrió el día 4 de agosto de 1986 mientras participaba en una comisión de trabajo en la Ciudad de Guatemala.

El representante de la familia señaló que a pesar de la gravedad de los hechos el gobierno no realizó ninguna investigación sobre el paradero de la víctima, por lo que la Corte IDH recibió el caso dándole seguimiento con el estado.

Asimismo, señaló que durante cuatro años, luego del hecho, la comisión le solicitó al gobierno de Guatemala información acerca de los hechos, sin embargo, el Estado nunca dio respuesta. Este hecho provocó que la instancia emitiera el informe 62/90, estableciendo la responsabilidad del Estado de Guatemala por la desaparición forzada de García Portillo.

Además detallaron que desde 1991, la CIDH ordenó a Guatemala varias medidas en materia de “Verdad y Justicia” en favor de la víctima y su familia, lo cual ha sido incumplido por el Estado a 30 años de haber sido requerido por el ente interamericano.

“El Organismo Ejecutivo, a través de sus dependencias ha permanecido en desobediencia ante la Corte IDH, por lo que la familia García Sánchez, ha requerido a ese alto organismo el traslado del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual será la encargada, a través de la vía contenciosa, de resolver el fondo del asunto”, detalló el representante.

En la conferencia también comentaron que la decisión de trasladar el caso al ente jurisdiccional nace de la actitud indiferente presentada por los funcionarios del Estado de Guatemala, no solo ante la CIDH, sino ante la familia de la víctima.

El representante del GAM, agregó que el gobierno de turno continúa comprometiendo la imagen del Estado a nivel internacional, pues los estándares de respeto a los derechos humanos, inciden de manera directa en las relaciones exteriores que Guatemala tiene con el resto del mundo.