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Nacionales

Sandra Torres vuelve a retorcer la ley a su favor


La expresidenciable de la UNE planteó un amparo para evitar que se celebren las asambleas políticas, en las que se debe elegir secretario general del partido.

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Desde que Sandra Torres planteó la demanda de divorcio contra el exmandatario Álvaro Colom, para tratar de lanzarse como candidata presidencial en 2011, se ha conocido una serie de artimañas legales que ha utilizado para tratar de llegar a ocupar el cargo. En esa oportunidad, la Corte de Constitucionalidad le denegó la participación, debido a que pretendía violar el Artículo 186 de la Constitución que veta el derecho a optar al cargo, por ser pariente del exMandatario en funciones.

La última jugarreta judicial de Torres le rindió frutos, ya que la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil le otorgó un amparo, para dejar en suspenso las asambleas del partido de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

La resolución, en la que se otorga el amparo provisional, fue firmada por el magistrado Wilber Estuardo Castellanos Venegas, quien fungió como presidente en funciones de la Sala; contra quien pesa una solicitud de antejuicio por su presunta participación en la manipulación del proceso de postulación.

Torres alega que el partido UNE no le notificó sobre la realización de las asambleas municipales, departamentales y nacional, por lo que se vulneran sus derechos.

El congresista y secretario general de la UNE, Oscar Argueta, señaló que en los próximos días presentarán una apelación ante la CC, porque consideran que la Sala no tenía competencia para conocer el amparo y Torres no debía ser notificada porque sus derechos a participar en actividades políticas se encuentran suspendidos.

Luego del fallo a favor de Torres, se infiere, según analistas, que esta es una prueba irrefutable de la incidencia de Torres en la elección de Cortes, así como la alianza de su principal diputado Estuardo Vargas en los negocios de gobierno.

Según Argueta, la Sala de Apelaciones no estaba facultada para conocer el amparo porque la CC emitió un auto acordado en el que señalaron que las Salas de Apelaciones solo pueden conocer amparos planteados en contra de los órganos de los partidos políticos y no contra las personas.

Torres habría interpuesto el amparo en contra del diputado por no realizar la convocatoria a proceso de asambleas del partido, pero esa función corresponde al Comité Ejecutivo Nacional y las mismas sí fueron efectuadas.

Además, el amparo no cumplía con la correcta legitimación pasiva, ya que Torres no hizo alusión de sufrir ningún agravio directo de que el Comité del partido realizara la convocatoria para el proceso de asambleas.

Otro de los errores que supuestamente contiene la acción de amparo, es que Torres pretendió probar la calidad con la que actúa con una resolución emitida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), por medio de otro amparo resuelto a principios de diciembre.

También se cuestiona la forma en que Torres obtuvo la agilización de una solicitud de medidas sustitutivas, cuando la jueza encargada del caso se encontraba de vacaciones; en ese periodo quedó a cargo la jueza Eva Recinos, quien accedió a levantar la prisión preventiva que la titular del proceso había dictado anteriormente.

Durante la última campaña presidencial, Torres utilizó la Ley de Femicidio para evitar que elPeriódico publicara notas que pudiera incomodarla, ya que la Sala Segunda de Apelaciones de Femicidio ordenó que se decretaran medidas en favor de Torres.

También se acogió a la misma ley que protege a las mujeres víctimas de violencia, para que el jefe de la FECI y el fiscal encargado de investigar el financiamiento ilícito de la UNE pudieran perturbarla.

Magistrado señalado

Castellanos Venegas, actual presidente del Instituto de magistrados, se ha mostrado cercano al aspirante de la CC, Mynor Moto, principalmente cuando el juez fue cuestionado por no girar la orden de captura en contra del exministro José Luis Benito.

El magistrado también integró el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que dio trámite al antejuicio en contra de tres togados de la CC. Castellanos Venegas también denunció al jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, a la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, y a la Fundación Myrna Mack.

Prohibición judicial

La excandidata Sandra Torres cuenta con una prohibición judicial para participar en actividades políticas, como parte de las medidas sustitutivas a la prisión que le fueron decretadas hace casi un año. Torres se encuentra procesada penalmente por asociación ilícita y financiamiento electoral no reportado durante la campaña electoral de 2015.

Actualmente goza de medida sustitutiva. Recientemente solicitó permiso para pasar las fiestas de fin de año en la playa, pero la solicitud le fue denegada.

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