El último informe de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria, elaborado por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) y el Sistema de la Integración Centroamericana (Sica), reporta que de agosto a octubre se identificaron alrededor de 3.7 millones de personas en crisis o emergencia alimentaria. El documento agrega que hay tres factores claves asociadas a ello: la emergencia del COVID-19, el precio de los alimentos y la pérdida de ingresos. 

“Se requieren acciones urgentes” refiere el informe, en el que además detalla que hay unas 446 mil personas en estado de emergencia. Hasta octubre pasado, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, El Progreso, Huehuetenango, Jalapa, Jutiapa, Quetzaltenango, Quiché, San Marcos, Santa Rosa, Sololá, Suchitepéquez, Totonicapán y Zacapa son las regiones que mayor crisis alimentaria reportan. 

Sumado a ello, hasta la semana 50 (12 de diciembre) se contabilizan 27 mil 149 casos de desnutrición aguda, 11 mil más que el año pasado. Así como 30 niños menores de cinco años fallecidos. 

Baja ejecución

“Hay un aumento en casos de desnutrición y muertes”, indicó la diputada e integrante de la Comisión de Salud del Congreso, Karla Martínez. Según la legisladora, los ministerios de Agricultura y Desarrollo Social tienen programas de alimentos, los cuales  no se han dirigido a las personas que más lo necesitan. 

Opinión similar dio el diputado del partido Victoria, Juan Carlos Rivera, quien calificó como ineficiente el actuar de los dos ministerios en los lugares donde no han llegado los programas. La falta de coordinación en la cartera de Salud para administrar la atención, es otro de los señalamientos de los legisladores. 

Presupuesto operativo 

Al cierre del mes pasado, la ejecución presupuestaria para el Plan Operativo de Seguridad Alimentaria y Nutricional era del 77.07 por ciento, esto de los Q4.1 millardos que tenían asignados para 17 instituciones del Estado en 2020. A principios de diciembre, el vicepresidente Guillermo Castillo se reunió con diferentes entidades para realizar una reprogramación al Plan Operativo, y establecer un presupuesto para el proyecto de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición que se ejecutará en 2021.

Según Castillo, se realizarán acercamientos de “nivel político” con el Ministerio de Finanzas y otros sectores para luchar contra el hambre y la desnutrición.