La jueza Segundo de Primera Instancia Penal, Virginia Amparo de León Lara, dictó falta de mérito a favor de José Danilo Cruz Sagastume, Olga Mamertita Terre Acosta de Cal, Julio Rafael Alfaro Pineda y José Roberto Falla González, quienes eran señalados por los delitos de cohecho activo, cohecho pasivo y fraude.

Las cuatro personas fueron arrestadas el 18 de diciembre pasado por su supuesta vinculación con un caso de corrupción en la Contraloría General de Cuentas (CGC) durante la administración del ahora diputado Carlos Mencos, quien enfrenta un antejuicio por este caso.

De acuerdo con una investigación de la Fiscalía contra la Corrupción, la compañía Electrónica, Comunicaciones y Servicios S. A, que fue beneficiada con contratos para servicios de informática, compró boletos aéreos con destino a Colombia, a nombre de José Danilo Sagastume, coordinador de Informática de la CGC; Olga Acosta, subdirectora de la Dirección de Tecnología de Información; y José Antonio Franco Rodríguez, analista de Seguridad Informática.

Los boletos fueron pagados con cargo a la tarjeta de crédito registrada a nombre de José Roberto Falla González, representante legal de la empresa. Falla González es primo del presidente Alejandro Giammattei.

El titular de la Fiscalía contra la Corrupción, Stuardo Campo, dijo que el próximo lunes presentarán un recurso de apelación en contra de la resolución de la jueza porque consideran que desestimó el caso sin analizar los diferentes medios probatorios que presentó la Fiscalía para acreditar la participación delictiva de las cuatro personas. Agregó que es preocupante para el sistema de Justicia porque “diferentes jueces favorecen la impunidad y a personas señaladas de cometer actos de corrupción”.

La jueza

La jueza Virginia Amparo de León Lara es hermana del general retirado Moris Eugenio de León Gil. Moris de León Gil, del círculo íntimo de Ortega Menaldo, que ha trabajado junto con los generales Manuel Antonio Callejas y Callejas, Jorge Roberto Perussina Rivera y Roberto Letona Hora. De León Gil fue jefe del Archivo del Estado Mayor Presidencial, especializado en prácticas de terrorismo de Estado.

De León Lara está vinculada a varias decisiones polémicas.

En 2019, la jueza emitió una resolución que dejó en libertad a cinco policías señalados por delitos de narcotráfico en 2019.

Además, benefició al narcotraficante Marvin Estuardo Alfaro Bravo, alias ‘Stuard’ al reducirle los delitos por los que era procesado.

De León Lara le retiró los delitos de lavado por dinero y asociación ilícita y únicamente lo procesó por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de drogas.

De León también dictó falta de mérito a favor de Jose Agusto Morales, quien es el representante legal de la mueblería O3 ubicada en Carretera a El Salvador, donde se realizó el pasado 12 de junio una fiesta clandestina durante las restricciones por la pandemia.

La jueza aspira a ser magistrada de Salas de Apelaciones.

En 2018 presentó su expediente para participar en el proceso de elección que aún no concluye en el Congreso.