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Nacionales

Portuaria Quetzal revoca decisión de reserva de datos


La EPQ realizará un nuevo análisis sobre la información que puede declararse como reservada o confidencial.

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La Junta Directiva de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) revocó el acta en la que declaraba como reservadas varias áreas de su información, aduciendo que el acceso a la misma podría amenazar la seguridad del comercio marítimo internacional o causar perjuicio al interés público.

Según la resolución firmada por el gerente de la EPQ, David Berganza Alburez, el martes 15 de diciembre, la Junta Directiva “consideró oportuno efectuar un nuevo análisis sobre la información dentro de la EPQ que debe considerarse como reservada o confidencial”, por lo que decidieron dejar sin efecto la resolución JD-04-47-2020.

Además, en el fallo, la Junta Directiva de la EPQ señaló que decidieron revocar la misma para dar cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública. El documento, indicaron autoridades de la portuaria, saldrá publicado esta semana en el Diario de Centro América.

Se buscó la opinión del gerente general de la portuaria sobre las razones por las cuales se aprobó la reserva de información, pero no obtuvimos respuesta.

Un funcionario de la EPQ, que pidió no ser identificado, señaló que la intención del acuerdo para declarar reservadas varios temas de información era cumplir con convenios internacionales que buscan evitar el terrorismo y otras acciones que puedan atentar contra la seguridad, pero que en la resolución no fue plasmado de forma adecuada.

Una acción “mal ejecutada”

El especialista en acceso a la información pública, Silvio Gramajo, resaltó que la forma en la que buscaron proteger la documentación fue mal ejecutada, ya que ampliaron los aspectos sin apegarse a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), donde consigna –en los artículos 22 y 23– los temas que pueden declararse como reservados y confidenciales.

Gramajo también dijo que la EPQ, con la resolución anterior, buscó crear bolsones de información en donde clasifican grandes temas y se puede incluir cualquier documento, creando opacidad y dañando el acceso a la información.

“La lógica de la LAIP es que se declare como reservado documento por documento, entonces no se puede hacer de forma general con archivos que ni siquiera existen”, enfatizó Gramajo.

En tanto que el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, consideró que la resolución de reserva de información de la portuaria solo generaba opacidad, la cual “es una puerta a la corrupción”, por lo que la decisión de dar marcha atrás en dicha acta es positiva. Rodas recordó que el acceso a la información pública es un derecho que debe ser garantizado.

La LAIP establece –en el artículo 26– que la autoridad tiene que fundamentar la clasificación de reserva o confidencialidad, para lo cual debe demostrar que la misma encuadra en las excepciones que ya son incluidas en la Ley, que la información representa amenaza o perjuicio.

Reserva de información

Anteriormente la EPQ había clasificado como privada la información de la Gerencia de Seguridad Integral, el Plan de Protección de la Instalación Portuaria (PPIP), la evaluación de Protección de Instalaciones Portuarias (EPIP), informes de auditorías externas del Código de Protección a buques e instalaciones portuarias.

Así como la información de la Unidad de Asesoría y Planificación Portuaria que incluye todos los estudios de preinversión, recibidos y los que estén en proceso de elaboración y los planos solicitados en formato DWG.

Reserva generó oposición

Abogados constitucionalistas, el PDH y la organización Acción Ciudadana se opusieron y calificaron como inconstitucional el acta con la que la EPQ declaró la reserva de los documentos, ya que consideraron que se debe garantizar el derecho a la población para acceder a la información de las instituciones públicas.

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