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Nacionales

Reserva de información de la Portuaria Quetzal es inconstitucional


La oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) evalúa plantear un recurso de revisión para que quede sin vigencia el acta publicada en el diario oficial.

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La Junta Directiva de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) autorizó el pasado lunes 14 de diciembre la reserva de información de la entidad por un periodo de siete años, por considerar que la liberación de datos amenaza la seguridad del comercio marítimo internacional o puede causar daños al interés público.

La titular de la Secretaría de Acceso a la Información Pública de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Lilian Sierra, detalló que se evidencia que las autoridades no realizaron un análisis adecuado sobre el proceso de reserva de información por lo que se evalúa plantear un recurso de revisión para que quede sin vigencia el acuerdo en los próximos 15 días.

Sierra indicó que la custodia de datos se efectúa cuando existe una solicitud y se prevé que está en juego el interés nacional, pero en el caso de la EPQ “no tiene sentido” y es adelantarse a un hecho, que podría traducirse como obstrucción a la rendición de cuentas. “El principio de acceso a información es la transparencia, la agilidad y cumplir con los derechos”, añadió.
Otro de los cuestionamientos de la Secretaría es que se utiliza una ley interna para cumplir el Código Marítimo Internacional que contempla confidencialidad de datos, sin embargo, la EPQ lo transforma en información general y no específica como se detalla.

Además, la disposición solo se toma en una portuaria, y no en las dos, expone Sierra. De acuerdo a la Secretaría tendría que ser la Comisión Portuaria Nacional del Ministerio de Comunicaciones la que presente la propuesta si existiera un daño para Guatemala.

Inconstitucional

El abogado constitucionalista, Gabriel Orellana señaló que es un abuso por parte de las autoridades de la EPQ, utilizar una normativa para ocultar información para sus propios intereses.
Orellana explicó que todos los actos de administración son públicos, como se establece en el Artículo 30 de la Constitución de la República, salvo que se trate de asuntos militares, diplomáticos de seguridad nacional o datos suministrados por particulares.

No obstante, en el caso de la Portuaria no se vincula a ninguno de los tres y no se presentan argumentos fiables por lo que se está haciendo una interpretación constitucional distorsionada, manifestó el excanciller.

Para el abogado Mario Fuentes Destarac es necesario emitir y documentar bajo pruebas de daño la decisión de resguardo de información, ya que al tomar esta determinación se debe asegurar que la publicación de los datos sea un peligro.

Fuentes Destarac enfatizó que la reserva debe seguir los pasos de la Ley de Acceso a la Información Pública y restringir “partes de los documentos” y no planes e informes completos como se especifica en el Artículo 25 de la normativa. “No es posible que se hable de información general, esto perjudica los procesos de transparencia”, añadió.

El acta 47-2020

La Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) publicó en el diario oficial el acta 47-2020 en la que disponen declarar como “reservada” la información de la entidad por un periodo de siete años.
La institución argumenta que la liberación de información amenaza la seguridad del comercio marítimo internacional o puede causar daños o perjuicios al interés público.

Según el documento, se clasifica como información reservada los datos de la Gerencia de Seguridad Integral, el Plan de Protección de la Instalación Portuaria (PPIP), la evaluación de Protección de Instalaciones Portuarias (EPIP), informes de auditorías externas del Código de Protección a buques e instalaciones portuarias.

Así como la información de la Unidad de Asesoría y Planificación Portuaria que incluye todos los estudios de preinversión, recepcionados y los que estén en proceso de elaboración, todos los planos solicitados en formato DWG, sin fundamento legal.

Citación

El diputado de la bancada Creo, Rodolfo Neutze, mencionó que citó para enero próximo al gerente de EPQ, David Berganza Alburez, para que explique cuál fue el fundamento para autorizar la reserva de información. De acuerdo al legislador, la acción compromete la inversión extranjera hacia el país porque oculta información indispensable además, considera que el argumento que se utiliza es falaz. Queremos saber cuál es el peso de esta decisión, señaló Neutze.

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