Este miércoles se llevó a cabo la presentación del informe “Compras de Emergencia COVID-19, una mirada a la transparencia y los precios pagados por los insumos” realizado por los capítulos de la organización Transparency International, en cada uno de los tres países que representan al Triángulo Norte de Centroamérica.

El informe fue presentado por las organizaciones en el marco del Día Internacional Contra la Corrupción y tuvo como objetivo evidenciar la situación de las compras realizadas en los tres países respecto a la emergencia por la pandemia del nuevo coronavirus.

El foro contó con la participación de Manfredo Marroquín, Director Ejecutivo de la organización Acción Ciudadana en Guatemala; Roberto Rubio, en representación de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) en El Salvador y Carlos Hernández, Director Ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en Honduras.

En las palabras de bienvenida, Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana, mencionó que la pandemia del COVID-19 vino a reforzar la otra pandemia de la corrupción, y por eso consideran que es importante y necesario que las sociedades sigan abriendo los ojos, sigan activándose contra dicho flagelo, que al mismo tiempo aleja a los países de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con los cuales se han comprometido con las Naciones Unidas para cumplirlos antes del año 2030.

“Por eso estamos al mismo tiempo reafirmando con esta presentación nuestro compromiso de continuar visibilizando los actos de corrupción, luchando contra las fuerzas de corrupción y tratando de reducir al mínimo este flagelo en nuestros países”, expresó Marroquín.

El director de Transparencia de ASJ, Lester Ramírez, presentó los resultados del informe, donde detalló el presupuesto para la emergencia sanitaria que tuvo cada país y algunos datos sobre cómo fue ejecutado por los gobiernos.

En el caso de Guatemala, Ramírez destacó que entre los tres países este fue el que mejor especificó a donde serían destinados los fondos y resaltó la eficiencia del portal Guatecompras, ya que los otros países carecen de alguna página avanzada en el acceso a la información de gastos públicos.

Asimismo, agregó que gracias a esta plataforma se tuvo acceso a uno de los casos “más emblemáticos” durante la pandemia que fue la compra de los 11 millones de galletas fortificadas para niños en etapa escolar. “Gracias a la denuncia de los medios de comunicación y de Acción Ciudadana la compra fue suspendida y no se adjudicará nuevamente”.

El representante de ASJ, resaltó que en Guatemala cantidades millonarias fueron invertidas para combatir los efectos de la pandemia, sin embargo, la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público y la Comisión Presidencial contra la Corrupción han preferido mantener una actitud pasiva frente a procesos de compra dudosos y a una política de opacidad por parte del gobierno.

El Salvador y Honduras

El informe destacó que en el caso de El Salvador, fue difícil conseguir información específica sobre la ejecución del presupuesto, debido a que existen grandes barreras y obstáculos respecto al acceso a la información. De momento se conoce que la Fiscalía de El Salvador investiga al menos 13 instituciones por compras irregulares de medicamentos, insumos médicos y alimentos desde que comenzó la crisis del COVID-19.

Según Ramírez, Honduras también tiene un caso que ha consternado a la población ya que de los más de US$ 230 millones del presupuesto para la emergencia fueron destinados US$ 84 millones 807 mil 223.10 para la institución de la Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), la cual después de nueve meses únicamente ha ejecutado el 35.14 por ciento en la compra de hospitales móviles que no funcionan. El Director del Invest-H fue procesado por esta irregularidad.

En conclusión, el panelista especificó que los tres países tuvieron préstamos millonarios sin condiciones de transparencia o rendición de cuentas y falta de apertura para la participación ciudadana, por lo que invitó a las ciudadanías y entidades anticorrupció a que estén pendientes de las acciones que tomen los gobiernos respecto al dinero que no se ejecutó.