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Nacionales

Ex asesora de José Luis Benito, investigará a Juan Francisco Sandoval


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Karin Cristina Orellana Pinto, fue nombrada por la fiscal General, María Consuelo Porras como fiscal especial de aproximadamente 15 expedientes penales entablados contra el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval por la Fundación contra el Terrorismo.

Orellana Pinto recibió cinco contratos en la Unidad de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO- durante el período del exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, a quien esa fiscalía le incautó recientemente Q122 millones, y contra quien se ordenó captura.


El nombramiento accede a la petición de la Fundación y a la sugerencia del fiscal de asuntos Internos del MP, que conocía los casos. La designada por la Fiscal General fue Karin Orellana Pinto, una abogada y notaria que en su tesis agradece las enseñanzas y mentorías de Landelino Franco, señalado por fraude.



Una captura de la cuenta de Twitter de Orellana, muestra el retuit de una cuenta del supuesto netcentero “YesMaster” que cuestiona a activistas de derechos humanos.

Casos de trascendencia, como la desaparición de Cristina Siekavizza, la matanza de policías en Salcajá, Quetzaltenango; y el caso Gerardi han ameritado el nombramiento de fiscales especiales, por ejemplo. Se pidió al MP una entrevista para profundizar en este caso, pero aún no se tiene respuesta.

Contratos

Según el portal de Guatecompras, la ex asesora de José Luis Benito, recibió dos pagos en el año 2019 por la “Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales individuales” en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que juntos suman un total de Q171 mil 419.35 y este año recibió otro por 53 mil 419.35.

Asimismo, durante el año 2018 y 2020, fue contratada por el Fideicomiso de Planificación Urbana de la Municipalidad de Guatemala en la Unidad de Apoyo a las Alcaldías Auxiliares. En 2018 y 2019 le fue cancelado por sus servicios la cantidad de Q268 mil 800 cada año y en febrero del 2020 la Unidad le pagó Q 228 mil 480 por “Procedimientos regulados por el artículo 54 LCE”.

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