Un grupo conformado por 64 organizaciones publicó una carta para manifestar su rechazo contra las acciones que ha tomado el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei en los últimos meses y afirman que la crisis política actual, detonada por la aprobación “anómala y abusiva” del Presupuesto 2021, ya archivado, confirma la necesidad de reformar estructuralmente el gasto, los ingresos y la deuda del Estado.

Los firmantes aseguran que con dicha reforma se podría atender las exigencias ciudadanas de erradicar la corrupción, la impunidad y la inefectividad del uso de los recursos públicos, por lo que debe reconocer ciertas prioridades.

La carta menciona que entre las prioridades se encuentra la premisa del gasto público, ya que este debe ser garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La inversión pública en la niñez y adolescencia, la lucha contra la desnutrición infantil, el fortalecimiento del desarrollo rural integral, la mejora en la calidad y cobertura de los servicios de salud y educación pública y la protección social deben ser las principales prioridades en el presupuesto, expresaron.

Además, señalaron que estas deben cerrar las brechas de cumplimiento de Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, cumpliendo estándares de suficiencia, eficiencia, eficacia e inclusión.

Otra de los puntos que argumentaron fue que la mejor forma de sanear las finanzas públicas es elevar los ingresos tributarios, por lo que llaman a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) a cumplir con su mandato, reduciendo la evasión de impuestos y toda forma de fraude fiscal como el contrabando y la defraudación aduanera.

“De manera complementaria se deben revisar las tasas impositivas, exenciones, bases imponibles y hechos generados de manera que cumplan con los principios de justicia y equidad tributaria: los privilegios fiscales deben eliminarse y cada quien debe contribuir progresivamente acorde a su capacidad”, detalla la carta.

Asimismo, aseguran que la deuda pública debe se un financiamiento complementario a los ingresos tributarios, la cual debe destinarse únicamente a inversiones que maximicen las capacidades humanas, sociales y económicas.

Las organizaciones indicaron que la transparencia fiscal y la lucha contra la corrupción y la impunidad deben ser componentes transversales de la política fiscal, por lo tanto, su prioridad debe fundamentarse en una lucha efectiva en contra de la corrupción y la impunidad.

Algunos de los firmantes fueron Acción Ciudadana, Articulación Nacional de Mujeres Tejiendo Fuerzas para el Buen Vivir, Centro de Estudios para la Equidad y Gobernanza en los Sistemas de Salud, CIPRODENI, Comité de Unidad Campesina, Frente Ciudadano Contra la Corrupción, Fundación Guillermo Toriello, ICEFI, Justicia Ya, Movimiento de Jóvenes Mayas, entre otros.