Mientras las manifestaciones contra el Gobierno y el Congreso continúan, la misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) enviada para obtener información de la crisis política en Guatemala prevé finalizar hoy su visita sin que haya logrado concretar acercamientos con organizaciones de sociedad civil. De acuerdo con lo manifestado por los enviados del organismo, su visita es de manera “exploratoria” y no harán una propuesta puntual sobre un mecanismo de diálogo nacional.

La semana pasada, las fundaciones Myrna Mack y Rigoberta Menchú rechazaron la propuesta de reunirse con la delegación de la OEA encabezada por Fulvio Pompeo, exsecretario de Asuntos Estratégicos de Argentina. También declinó su participación el Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), así como el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo.

Las razones por las que dichas representaciones no aceptaron los acercamientos redundan en que, la crisis política no se originó con la aprobación opaca del Presupuesto 2021 (anulado por el Congreso), sino que ha sido empujada por la inestabilidad del sistema de Justicia por la falta de elección de nuevos magistrados en las cortes Suprema de Justicia (CSJ) y de Apelaciones, así como falta de diálogo de parte del Ejecutivo y señalamientos de corrupción estatal.

Gobierno en crisis

El procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, quien ayer se reunió con la delegación de la OEA indicó que en el país no hay un riesgo de Golpe de Estado, sino que existe una crisis severa de ingobernabilidad que se refleja en la división entre el presidente Alejandro Giammattei y el vicemandatario. Rodas indicó que aceptó la junta con la misión porque consideró importante que un funcionario diera a conocer una visión distinta al discurso del Ejecutivo.

“No hay amenaza de Golpe de Estado, sino vulneración a los Derechos Humanos. Le conté (a Pompeo) el caso de dos ciudadanos que perdieron un ojo cada uno; eso ya era grave y que en cualquier país democrático hubiera merecido que los funcionarios de seguridad hubieran dimitido o que el Presidente los hubiera destituido”, indicó Rodas.