Por mayoría y sin la participación de los dos magistrados a quienes se buscaba desaforar, la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió el trámite de antejuicio contra la presidenta de ese tribunal, Gloria Porras, y Francisco de Mata Vela.

Se trata del segundo antejuicio promovido contra los magistrados, esta vez por la abogada Amanda Santizo, quien cuestiona a Porras y De Mata porque, según su criterio, se habrían beneficiado a sí mismos al otorgar el amparo que detuvo las diligencias de antejuicio a partir de la denuncia de un abogado que adversó la sentencia de la CC que dictó pautas para la elección de magistrados del OJ.

El amparo otorgado ayer responde a la acción del PDH, Jordán Rodas, que intervino para frenar el ataque hacia los magistrados.

En su resolución, la CC mantiene el criterio y la jurisprudencia de que sus integrantes no pueden ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo. Además, recuerda que las causales de inhibitoria de la Ley del Organismo Judicial no se aplican a los magistrados de la CC, cuando tengan algún interés directo en el caso que se conozca.

Los magistrados Porras, Mata Vela, Dina Ochoa y Phillip Comte, están ausentes de forma temporal, según la CC. Votaron a favor los magistrados María Cristina Fernández, Mynor Par Usen y el recién electo por la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rosales Mirón.

La resolución de la alta corte se generó mientras en el Congreso se buscó, sin éxito por falta de cuórum, conformar la Comisión Pesquisidora.

El trámite del primer antejuicio, que avanzó con la integración irregular del pleno de la CSJ, dio lugar a una certificación de lo conducente contra la Comisión Permanente del Congreso, por no entregar el expediente a la CC. La fiscal general, Consuelo Porras, indicó que se solicitaron los antejuicios –que fueron rechazados por la CSJ– y que de esa forma cumplió con su trabajo.

Voto razonado

El magistrado Roberto Molina Barreto emitió un voto razonado, de una página, en el que expone que ningún funcionario es superior a la ley y que “las circunstancias no hacen aconsejable” otorgar el amparo.