El caso Transurbano es una trama más de corrupción con varias aristas, la que tiene que ver con la contratación de seguridad privada para los buses públicos que costó Q.81.9 millones, toca “entre líneas” al viceministro de Seguridad Carlos Franco Urzúa.

Franco Urzúa, hasta hace una semana, era comisionado de prioridades presidenciales del Centro de Gobierno, delegado en el Ministerio de Gobernación (Mingob) para velar por el plan de expansión carcelaria que se financiará con un préstamo del BCIE. 

El Coronel de Aviación, en situación de retiro, ha orbitado en el negocio de la seguridad privada desde hace 20 años. En junio de 2001, fundó junto con otros dos socios Protección Metropolitana, S.A., que trianguló fondos públicos del subsidio estatal para la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU).

Protección Metropolitana (PM) recibió los fondos que la AEAU destinó para contratar guardias privados que custodiaban los buses, ante la ola de asesinatos contra pilotos y asaltos en las unidades de transporte. El plan de seguridad que acogió la AEAU fue diseñado por Otto René Bernal, socio de Franco Urzúa. PM, entonces, era representada por Antonio Piche Ruiz, desaparecido y con orden de captura vigente por el caso Transurbano.

PM recibía dinero público en su cuenta bancaria sin soporte documental ni control de ejecución ni finalidad, de acuerdo con la investigación del MP y la CICIG presentada en 2018. Luego de un breve contrato de dos meses por Q8 millones para 2018, en febrero de 2009, la AEAU contrató nuevamente a PM para la seguridad en los buses. Esa vez abrió la posibilidad para que PM pudiera subcontratar a otras compañías. 

Según la investigación de la FECI, Protección Metropolitana subcontrató a 21 empresas de seguridad privada. Franco Urzúa es socio en dos de las subcontratadas: Fuerza de Seguridad Privada (Fusep) y Comando Técnico de Seguridad. 

Gracias a la figura de la subcontratación, ninguna de las dos aparece como beneficiaria de fondos públicos en el portal de compras y contrataciones públicas, Guatecompras. Protección Metropolitana tampoco dejó huella de la contratación de guardias para el transporte público, sino hasta en 2010, cuando la AEAU subió otro concurso por Q64 millones, pero no adjuntan el contrato. En 2011, lograron otro contrato por Q88 millones. En total, habrían captado Q252 millones por la seguridad para los buses.

De 2005 a 2020, Protección Metropolitana ha captado Q268 millones en servicios de seguridad para instituciones públicas. En 2020, da resguardo a dependencias del Seguro Social, según Guatecompras.

La esposa de Franco Urzúa, Maritza Anabella Domínguez Pérez, fue inscrita como secretaria del Consejo de Administración de PM en 2013 y 2015, pero el nombramiento fue cancelado.

Socia y esposa; señalada y librada

En 2015, Domínguez fue una de 13 personas detenidas como parte de la operación Jake, que señaló la compra de vehículos de lujo, en efectivo, con dinero del narcotráfico. La defensa de la mujer argumentó que le robaron los datos de sus documentos y Domínguez logró que el juzgado dictara falta de mérito.

elPeriódico buscó sin éxito a Franco Urzúa en octubre pasado, para conocer sobre el plan de expansión carcelaria, uno de los proyectos que le encomendó el presidente Alejandro Giammattei, y que se financiará con un préstamo por US$300 millones con el BCIE, autorizado este año. Se intentó nuevamente un acercamiento, pero no se obtuvo respuesta del Mingob. 

Nexo político
Otto René Bernal Ovando, el excandidato del partido satélite de Lider, Corazón Nueva Nación (CNN), es uno de los sindicados por el caso. Este mes, fue detenido Roberto Antonio Robles Reyes, quien también participó en la junta de licitación que favoreció a Protección Metropolitana. Según la FECI, parte del dinero expoliado en el caso Transurbano terminó en un inmueble para Luis Gómez, de la AEAU, y en un helicóptero para Manuel Baldizón.