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El Viceministro de Seguridad y el caso Transurbano


Carlos Enrique Franco Urzúa constituyó la sociedad que captó más de Q250 millones para la seguridad en los buses.

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El caso Transurbano es una trama más de corrupción con varias aristas, la que tiene que ver con la contratación de seguridad privada para los buses públicos que costó Q.81.9 millones, toca “entre líneas” al viceministro de Seguridad Carlos Franco Urzúa. Franco Urzúa, hasta hace una semana, era comisionado de prioridades presidenciales del Centro de Gobierno, delegado en el Ministerio de Gobernación (Mingob) para velar por el plan de expansión carcelaria que se financiará con un préstamo del BCIE.  El Coronel de Aviación, en situación de retiro, ha orbitado en el negocio de la seguridad privada desde hace 20 años. En junio de 2001, fundó junto con otros dos socios Protección Metropolitana, S.A., que trianguló fondos públicos del subsidio estatal para la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU). Protección Metropolitana (PM) recibió los fondos que la AEAU destinó para contratar guardias privados que custodiaban los buses, ante la ola

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