Las discusiones para reformar el Presupuesto General vigente y que cobre validez en 2021, iniciaron ayer de forma accidentada. Minutos antes de empezar la reunión en el Palacio Nacional, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) declinó su participación y tras entregar su propuesta, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) hizo lo mismo. Ambas se retiraron porque fueron invitadas organizaciones religiosas y empresariales, pero excluyeron a otros sectores.

El gobierno de Alejandro Giammattei decidió convocar a “tanques de pensamiento” para reformar el Plan de Ingresos y Egresos actual, de Q107 millardos, después de las manifestaciones sociales contra la aprobación del Presupuesto del próximo año por Q99.7 millardos, pero de manera opaca y con Q31 millardos de deuda para financiarlo.

Ayer por la mañana el ministro de Finanzas, Álvaro González, quien coordina las reuniones, envió una lista de 10 participantes en la que se contemplaban 12 minutos para que cada organización expusiera su propuesta. Posteriormente, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia compartió una nueva lista en la que se agregó como participantes a las cámaras de la Construcción y de la Industria.

Tras conocer que, en la discusión participarían el sector empresarial organizado y la Alianza Evangélica de Guatemala, Asíes y el Icefi se retiraron. Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de Asíes, indicó que no continuarán en las reuniones porque al incluir a estas organizaciones, la discusión se vuelve política y deja de ser técnica.

La Coordinación de ONG y Cooperativas (Congcoop) también aparecía entre los convocados por el Ejecutivo para el análisis del Presupuesto. Sin embargo, Alberto Colorado, integrante de Congcoop negó que hayan pedido participar.

Participaron también en la reunión el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), la Fundación para el Desarrollo (Fundesa) y la Universidad de San Carlos.

Jorge Lavarreda, investigador del CIEN, expuso en la reunión que se debe revisar la asignación per cápita que tienen los municipios priorizados en la Gran Cruzada por la Nutrición, pues esta es menor en los lugares más afectados por la malnutrición en comparación con los demás. Este plan del actual gobierno que busca disminuir en siete puntos porcentuales la desnutrición crónica infantil que afecta al 46.5 por ciento de niños menores de cinco años.

Una nueva comisión

El Presidente solo dio un discurso al inicio de la reunión y posteriormente se retiró. Giammattei propuso la creación de una Comisión de Verificación Presupuestaria para darle seguimiento al gasto público, de la cual no dio mayores detalles en la reunión.

Mario García Lara, secretario ejecutivo de la Agencia Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL), señaló que conformar esa Comisión sería “un parche” porque la función la debe desempeñar la Contraloría General de Cuentas, pero esta no cumple con su labor.

Violeta Mazariegos, viceministra de Transparencia de Finanzas, aseguró que la Comisión de Verificación sería una herramienta de auditoría social, independiente del Ejecutivo y alimentada con la información de la ejecución presupuestaria.

Mazariegos agregó que la Alianza Evangélica fue invitada a petición de sus integrantes. Pero manifestó que desconocía sobre la integración del sector empresarial. El Ejecutivo prevé que la discusión dure unas dos semanas para luego sistematizar la propuesta y llevar la iniciativa de Ley al Congreso antes de que finalice 2020.

Piden reducir déficit

Las propuestas planteadas ayer redundaron en que, en el Presupuesto se reduzca el déficit fiscal al cuatro por ciento del PIB y que exista una política para que este continúe en disminución. También se pidió incrementar recursos para combatir la desnutrición infantil y la inseguridad alimentaria, aunque no se conoció ninguna propuesta concreta. Asimismo, se pidió al Ejecutivo reducir el nivel de deuda y también bajar la asignación presupuestaria a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede).