La Comisión Presidencial contra la Corrupción presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra el ex titular de la Dirección General de Caminos, Fredy Chojolán Duarte, a quien señalan de adjudicar contratos para ejecutar proyectos de infraestructura vial a varias empresas de sus familiares. 

La Comisión entregó al MP documentación para que inicie una investigación en contra del exfuncionario quien habría favorecido a las entidades Constructor J.J. R.M Sociedad Anónima, Construcciones y Servicios Romero, S. A; Construcción y Supervisión Proyectos CSPROYET y Constructora Romero, de las cuales sus primos William Haroldo Romero Chojolán y Héctor Leonel Romero Chojolán, son accionistas o socios fundadores. 

También habría beneficiado a empresa Servicios y Construcciones Mega S. A, vinculada a su prima Ericka Marlene Tahuite Chojolán. 

Las compañías ganaron contratos de obra por un total de Q146 millones 384 mil 249.10. Las adjudicaciones se realizaron entre julio y agosto de este año. 

Oscar Dávila, director Ejecutivo de la Comisión, entregó al MP información sobre los eventos y contratos adjudicados por la Dirección General de Caminos y la Unidad Ejecutora de Conservación Vial del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

Destituido 

El 29 de octubre pasado, el Ministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV), Josué Lemus, destituyó a Fredy Chojolán, del cargo de director General de Caminos, luego de los cuestionamientos a la transferencia de Q135 millones. 

Chojolán Duarte  dijo que su firma había sido falsificada para realizar las transferencias y presentó una denuncia ante el MP. Las posibles irregularidades en el traslado de espacio presupuestario está bajo investigación de la Fiscalía contra la Corrupción. 

Anteriormente, la organización Acción Ciudadana (AC) presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) en contra del Ministro de Comunicaciones, Josué Lemus, y el entonces Director de Caminos, Fredy Chojolán Duarte y otras autoridades que resulten responsables. 

Buscan que Fiscalía Especial contra la Impunidad investigue la posible existencia de una estructura dedicada a la adjudicación de obras de forma fraudulenta