Después de más de 48 horas encerrados en las carceletas de la Torre de Tribunales, nueve de las 43 personas detenidas el 21 de noviembre en el Centro Histórico continúan a la espera de ser escuchados por un juez para intentar recuperar su libertad.

En el registro del Organismo Judicial (OJ), las autoridades consignaron que 43 personas fueron detenidas. De ellas, solo ha sido procesada Paulina Estrada Mendoza por escándalo en la vía pública, pero el juez ordenó su libertad.

Además, los juzgados de Turno han decretado falta de mérito por los delitos de atentado, desorden público y manifestación ilícita a favor de todos los señalados.

Ayer, Edgar Caal y Juan Pablo Alvarado escucharon de dos jueces de turno la resolución, en la que se dictaba la falta de mérito en su favor por inconsistencias en la sindicación.

Dentro de las irregularidades evidenciadas por los jueces se encontraban discrepancias entre los agentes captores, lugar y hora en la que fueron detenidos, así como la supuesta portación de objetos ilícitos que no fueron presentados ante la judicatura.

Apoyo colectivo

Los detenidos dijeron que se encuentran hacinados en la carceleta, expuestos a una infección de COVID-19 y sin los insumos de higiene necesarios. Además, indicaron que han recibido comida gracias al apoyo de colectivos, familiares y amigos.

A las 20:30 horas de ayer, un grupo de personas esperaba fuera de la Torre de Tribunales, para que los detenidos comenzaran la audiencia por la supuesta depredación del patrimonio nacional. La espera fue acompañada por canciones en las que denunciaban que eran presos políticos y gritaban consignas para continuar denunciando a los diputados y al Presidente de la República.

Afuera, con mascarilla y abrigo para cubrirse del frío, se encontraba la hermana de Roxana Coronado –detenida el sábado– quien denunció que Roxana y sus hijos fueron capturados cuando intentaban auxiliar a manifestantes intoxicados por el gas lacrimógeno lanzado por la Policía Nacional Civil (PNC).

La familiar dijo que Roxana trabaja en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) y que llevó agua con vinagre para auxiliar a los manifestantes cuando detuvieron a su hijo Pablo. “Ella le dijo a la Policía que no estaban haciendo nada malo y que si capturaban a su hijo se la debían llevar a ella también”, dijo.

Anoche, el juez de turno del Organismo Judicial dejó en libertad a Roxana Coronado, sus hijos y otros manifestantes detenidos el sábado en el Centro Histórico. El juez dictó falta de mérito.

Pierden un ojo

El director del Hospital Roosevelt, Marco Barrientos, señaló que dos jóvenes de 29 y 21 años perdieron un ojo a causa de un trauma –según manifestantes, ocasionados por policías–. Agregó que ambos presentaban fracturas en el cráneo y en la órbita del ojo, por lo que fueron atendidos por Neurocirugía, Oftalmología y Maxilofacial.