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Nacionales

El Presupuesto 2021 entre la opacidad y el descontento


En una encrucijada está el destino del próximo ejercicio fiscal ante la presión ciudadana por una mejor distribución del gasto público y la reducción de la deuda.

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La maratónica jornada en el Congreso de la República del martes y miércoles para aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos por Q99.7 millardos ha tenido como respuesta el rechazo de la mayoría de sectores de la sociedad que se aprestan a salir este día a protestar por el opaco proceso con el que se autorizó el gasto y el alto endeudamiento que se necesitará para financiarlo.

El presidente Alejandro Giammattei tendría la posibilidad de vetar el Decreto 33-2020 con el que se aprobó el Presupuesto, una demanda que ha recibido el apoyo del vicepresidente Guillermo Castillo, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y la Conferencia Episcopal de Guatemala, entre otros. Aunque ayer en cadena nacional explicó que es mejor revisarlo y hacerle cambios al aprobado.

 Con un escenario de veto, se tendría una semana para enmendar el proceso y discutir una propuesta de ingresos y egresos para 2021 ya que según la legislación el Presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal debe ser aprobado antes del 30 de noviembre, caso contrario queda vigente el Presupuesto de 2020 que con las modificaciones realizadas alcanzó la cifra de Q107.7 millardos para atender la emergencia provocada por la pandemia de COVID-19.

El presidente Alejandro Giammattei dijo que no ve viable el veto al Presupuesto 2021.

Cuestionamientos 

La Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) indicó que el Presupuesto de este año se incrementó vía endeudamiento para la atención de la pandemia, pero “ha tenido resultados muy deficientes en su ejecución, además de carecer de adecuados procesos de transparencia y control institucional”. 

Sugiere que luego de la irresponsable forma en que se aprobó el Presupuesto se fiscalicen las asignaciones para los Consejos de Desarrollo y los recursos para atender los daños por la tormenta ETA para garantizar la calidad del gasto. 

También el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) se sumó a los cuestionamientos, agregando que se dejó presupuesto para Organizaciones No Gubernamentales (onegés) desconocidas o cuestionadas lo que puede ser un foco de corrupción. Asimismo se faculta a que las oenegés, fundaciones y asociaciones puedan destinar el 25 por ciento del presupuesto asignado a gastos de inversión, pero no se establecen mecanismos de control y transparencia. 

Por el lado de los ingresos, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) destacó que se hizo un incremento en el rubro de otros impuestos por Q1.57 millardos y se incrementó el monto de préstamos externos en Q3.5 millardos. 

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) explicó que se elevó de Q61.4 millardos a Q63 millardos la meta de recaudación para 2021 sin ninguna discusión técnica, lo que compromete alcanzar el monto aprobado. 

Otra de las críticas del CIEN ha sido que se contratará un monto alto de deuda que se destinará a financiar gastos de funcionamiento y el pago del servicio de la deuda. Lo aprobado por el Congreso asignó Q63.5 millardos para gastos de funcionamiento; Q20.2 millardos para inversión y Q15.9 millardos para el servicio de la deuda. 

Desde el aumento para el rubro de alimentos que se autoaprobó para el Legislativo, hasta los Q13 millones para el presupuesto del Parlamento Centroamericano son parte de los señalamientos que hacen varios sectores, ya que contrastan con el recorte de Q20 millones para la Oficina del Procurador de Derechos Humanos y los Q200 millones para la Gran Cruzada por la Nutrición.

La actuación del oficialismo para autorizar el Presupuesto parece ser el último eslabón en la cadena de desaciertos que la población advierte en la administración de Giammattei, ya cuestionada por la mala gestión de las emergencias por la pandemia, los fenómenos climáticos y el uso de recursos para gastos superfluos o la duplicidad de funciones que tiene la dependencia Centro de Gobierno a cargo de Miguel Martínez. 

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