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Nacionales

Rechazan cambios a la ley de acceso a la Información pública


La iniciativa 5792 pretende aprobar la creación de la secretaría técnica nacional de acceso a la información cuyo titular sería nombrado por el Congreso.

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La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG)  rechazó la aprobación de la iniciativa 5792 que dispone aprobar la Ley de Creación de la Secretaría Técnica Nacional de Acceso a la Información Pública (SETENACIP). La propuesta modifica la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

El 12 de noviembre pasado, la Comisión de Transparencia y Probidad, presentó dictamen favorable de la iniciativa 5792 y se espera que su discusión avance en el pleno para su aprobación. 

De acuerdo con el proyecto de ley, la SETENACIP, será la entidad estatal encargada de resguardar la información pública obtenida a través del acceso a la información pública. Será dirigida por un Secretario que será electo por el Congreso de una nómina de cinco candidatos propuestos por la Comisión de Transparencia y Probidad del Legislativo, para un periodo  de cuatro años. 

También señala que los sujetos obligados deben presentar a la Secretaría un informe anual sobre las solicitudes de información que recibieron y la resolución de las peticiones. La fiscalización del acceso a la información actualmente está a cargo de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH.)

Según la APG, los cambios tienen el objetivo de limitar la fiscalización pública y obstaculizar la labor periodística. 

Señala que la nueva institución que pretenden crear será dirigida por personas plegadas a los intereses de los congresistas y el gobierno.

Agrega que la propuesta no fue consultada con expertos en materia de acceso a la información pública, con organizaciones de periodistas,  de sociedad civil  y el PDH. 

“La creación de esta nueva oficina tendría un doble objetivo: restringir el acceso a la información pública y utilizarla como un botín político, destinando millonarios recursos para su funcionamiento, pero sin que existan resultados y sea imposible fiscalizar su presupuesto, beneficiando con plazas laborales a personas allegadas a altos funcionarios estatales y creando plazas fantasmas, para favorecer a los congresistas”, señaló la Asociación en un comunicado.

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