Las organizaciones de mujeres administradoras de los Centros de Apoyo Integral para las Mujeres Sobrevivientes de Violencia (Caimus) realizaron este día una conferencia de prensa donde exigieron al Congreso de la República una asignación presupuestaria de Q11 millones para el funcionamiento de los centros en el año 2021.

Los Caimus son la estrategia del Estado para la protección de las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia que funcionan con un modelo integral para la atención y son considerados como lugares seguros y confiables, en donde las asistentes reciben atención humanizada, empoderamiento en derechos humanos, acompañamiento psicológico y legal de manera gratuita y de forma confidencial.

Desde el año 2018, el Congreso les redujo el 97 por ciento de presupuesto asignado, por lo que desde ese año los centros de los departamentos de Chimaltenango, Petén, Chiquimula, Sololá, Quetzaltenango y el municipio de San Juan Sacatepéquez, han quedado fuera de la partida presupuestaria.

Según el comunicado que compartieron las organizaciones, las niñas y mujeres enfrentan solas las condiciones adversas de la violencia para resguardar su vida, las múltiples manifestaciones de violencia física, sexual, psicológica y económica. Además, señalan que estos casos han ido en aumento ya que los Caimus no cuentan con presupuesto para su funcionamiento.

“El no contar con estos recursos en los últimos tres años, ha significado un retraso en la atención eficaz a las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia, lo que se ha convertido en una violencia de Estado y el incumplimiento del derecho de las mujeres y las niñas a vivir libres de violencia”, detalla el enunciado.

Las representantes agregaron que en el último año la situación de las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia se ha agudizado debido al confinamiento por la pandemia de COVID-19. “Según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), de enero a junio 2020 realizaron 3 mil 631 peritajes de violencia sexual a mujeres”.