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Nacionales

Más de 49 mil personas que no residían en Guatemala cobraron bono


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Diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) cuestionaron ayer a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y a la Contraloría General de Cuentas (CGC) ante las anomalías evidenciadas en dos programas que se aprobaron a principios de año para enfrentar la crisis del coronavirus. El “Bono Familia” y el “Bono a la Economía Informal” generan dudas para los legisladores en la forma en que se ejecutaron.

Un informe enviado a la UNE por el Instituto Guatemalteco de Migración reveló que más de 49 mil personas cobraron en conjunto ambos bonos, pese a que no se encontraban en Guatemala. A ello se suma que fallecidos, contratistas del Estado, trabajadores municipales y de entidades descentralizadas y pensionados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) también recibieron el beneficio económico.

“La Contraloría General de Cuentas deberá colocar las denuncias correspondientes y exigir la reintegración de estos fondos”, indicó el jefe de la UNE, Carlos Barreda, quien calificó como un desastre la administración del titular del Mides, Raúl Romero.

Por su parte, el encargado de auditorías de la Contraloría, Walter Rodríguez, indicó que se ha realizado la fiscalización de las denuncias recibidas por los congresistas, pero mencionó que han tenido problemas pues hay un descontrol en la información.

El funcionario agregó que existen comisiones que ya analizan la información y que se han trasladado los expedientes al departamento Jurídico de la CGC.

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