El plan para Centroamérica del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, tiene como eje central reducir la migración. Guatemala, El Salvador y Honduras, que constituyen el norte de Centroamérica “enfrenta enormes desafíos de violencia, organizaciones criminales transnacionales, pobreza e instituciones públicas corruptas e ineficaces. Esto está obligando a demasiadas familias, niños no acompañados y adultos a tomar una decisión insostenible: dejar atrás todo lo que saben y emprender un peligroso viaje para buscar una vida mejor, o quedarse y vivir bajo la constante amenaza de violencia, persecución, desesperanza o incluso muerte”, argumenta el plan. 

Según esta propuesta, la cual se ejecutará al inicio de su gobierno, se buscará movilizar inversión a la región, mejorar la seguridad y el Estado de derecho, abordar la corrupción “endémica” y priorizar la reducción de pobreza, así como el desarrollo económico. El plan de Biden no individualiza las acciones que implementará en cada país y hace una propuesta general para los tres países que conforman el norte centroamericano. 

Las estrategias

Cooperación 

El electo Presidente de EE. UU. quiere retomar el extinto Plan Alianza para la Prosperidad. Su propuesta actual establece la inversión de US$4 millardos durante cuatro años, los cuales serán divididos entre los tres países y ejecutados por medio de las agencias estadounidenses en acciones que inciden directamente en las causas que generan la migración hacia Estados Unidos.

El plan establece que Guatemala, El Salvador y Honduras tendrán que invertir una cantidad similar de sus recursos estatales y se deberá establecer una forma de medir las metas. Estos proyectos deberán de colocar a la mujer en un papel central y demostrar compromisos en el combate a la corrupción. 

Para aumentar aún más los fondos destinados a estos objetivos, el plan también busca generar alianzas públicas y privadas. 

Inversión 

El Gobierno de Biden, por medio del Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo buscará promover la generación de infraestructura y atraer inversión extranjera. Según la propuesta, la promoción de inversión extranjera se hará también al colaborar con estos tres países a fortalecer el Estado de derecho con mayor capacidad judicial y a acelerar la modernización y estandarización de los procesos de aduanas. El gobierno de Biden revisará si estos países cumplen con los compromisos bajo el DR-CAFTA para garantizar que las prácticas laborales no perjudiquen la competencia. 

Una acción que se hará a corto plazo se centrará en duplicar la capacidad del Sistema Centroamericano de Interconexión Eléctrica, para generar electricidad en la región.

Por último, el gobierno de Biden implementaría un mecanismo en Guatemala, El Salvador y Honduras para ayudar a los receptores de remesas, principalmente las mujeres, para que estos recursos sean invertidos y se puedan iniciar pequeños negocios. 

Seguridad y Estado de derecho 

La prioridad en esta área es el combate a la corrupción, para lo cual propone mayor cooperación y así mejorar la capacidad y los estándares profesionales de los agentes de la Policía. También continuaría con el apoyo a la capacitación de jueces y fiscales especializados en delitos financieros y violencia contra la mujer. 

También apoyará a programas que se encuentren enfocados en la prevención de violencia y capacitación a jóvenes en distintas áreas laborales, como parte de las estrategias para evitar que estos ingresen a las pandillas. 

La corrupción “endémica” 

El plan establece que se continuaría con la revocación de visas y congelación de activos a las personas de Guatemala, Honduras y El Salvador que se encuentren involucradas en actos de corrupción. Según esta estrategia, se aumentaría la presencia, en las sedes diplomáticas de EE. UU., de delegados del Departamento de Justicia y Tesoro con el fin de combatir el crimen organizado, ya que se pretende crear una Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para que investiguen la corrupción en el norte de Centroamérica. 

Priorizará fondos de cooperación para capacitar a fiscales en políticas y procedimientos anticorrupción. El plan de Biden indica que continuará apoyando a los mecanismos existentes que trabajan en el combate a la corrupción y como plan a largo plazo pedirá asistencia de la ONU y OEA para establecer una comisión regional anticorrupción. 

Reducción de pobreza

El plan indica que EE. UU. invertirá en programas que combaten la desnutrición en los departamentos del Altiplano y Corredor Seco de Guatemala. También se invertirá, junto al sector privado, en programas de reinserción laboral para las personas deportadas desde EE. UU.

El gobierno de Biden plantea que con el aumento de los ingresos fiscales se puede reducir la pobreza, por lo que asegura que su administración brindará asistencia técnica para apoyar las reformas fiscales y su aplicación. 

Por último, debido a los efectos causados por el cambio climático y que cada año afectan a Guatemala, El Salvador y Honduras, Biden propone establecer una estrategia regional para las transiciones a la energía limpia, así como la adaptación al cambio climático y la resiliencia.